Frente a los malos tratos, denuncia

En 1999, la Asamblea General de la Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Llevamos, pues, 11 años conmemorando, desde las instituciones públicas, con las organizaciones de mujeres y con toda la sociedad, la lucha contra cualquier forma de violencia que sufren las mujeres.

Pero es mucho más el tiempo que llevamos trabajando contra esta lacra social, mediante un esfuerzo constante, enérgico y tenaz, para construir un mundo libre de violencia. Y hemos conseguido avances significativos. Lo que antes era considerado un problema a resolver en el ámbito privado, hoy se considera una cuestión de interés con respuesta pública. Se ha pasado de tolerar el mal llamado "crimen pasional" a combatir la violencia de género, del vacío legal a tener una ley que sitúa a nuestro país a la cabeza de Europa en la lucha contra los malos tratos.

La violencia de género no entiende de edad ni de condición social, nivel cultural, raza o etnia

Estoy convencida de que esta trayectoria nos sitúa en el camino adecuado. Una ruta que habría sido diferente de no haber contado con las organizaciones feministas y de mujeres, pieza clave en este proceso. Y a la que también han contribuido, sin duda alguna, los medios de comunicación, los Ayuntamientos, los sindicatos, el empresariado y todos los profesionales y las profesionales que se implican cada día en la lucha contra la violencia machista. Y entre todos y todas hemos ido configurando una red que cada vez cerca más la violencia. Y toda esta experiencia ha dado como resultado que el Gobierno de la Junta de Andalucía cuente con dos leyes fundamentales: La Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.

En este proceso, hay que dedicar un espacio destacado a la parte más sangrante que rodea la violencia de género, un recuerdo muy especial a las más de 600 mujeres que en los últimos 11 años han perdido la vida víctimas de la violencia de género en nuestro país, de las que más de un centenar vivían en Andalucía. Y eso es mucho más que transmitir una realidad, es ponerle nombre y apellidos, rostro, a cada una de las víctimas, sin olvidar que sus asesinos eran sus parejas o ex parejas, personas con las que habían decidido tener una vida en común, con las que convivían bajo el mismo techo o con las que compartían una relación basada en el afecto y en el amor.

Algunas de ellas eran, además, jóvenes que apenas habían alcanzado la treintena, otras inmigrantes que llegaron a nuestra tierra en busca de un futuro mejor. También las había mayores, de niveles socioeconómicos diferentes, de distintas ciudades y entornos... Son datos que tienen la fuerza de la trágica realidad y que revelan que la violencia de género no entiende de edad ni de condición social, nivel cultural, raza o etnia.

Pero quiero destacar un dato que me preocupa: de las 16 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año en Andalucía, solo tres habían presentado denuncia previa. Y es que hasta que no se interpone una denuncia contra el agresor, no podemos empezar a actuar. Es a partir de este momento, con la información y el asesoramiento adecuado, cuando se ponen a funcionar los servicios públicos.

Y no podemos olvidar que nos encontramos ante un delito de primera magnitud. Poner en duda de forma permanente la veracidad de las denuncias hace un flaco favor a las 73 mujeres que de promedio salen cada día a la calle cerrando la puerta de su casa para ir a denunciar su situación al juzgado o a la comisaría más cercana. Debemos tener claro que la denuncia es una puerta abierta a la esperanza, a una vida sin violencia.

Por tanto, nuestra prioridad es que ninguna mujer se encuentre sola y se sienta informada y acompañada desde los centros de información a la mujer, los juzgados, los centros sanitarios y las fuerzas de seguridad. Deseo así que la respuesta inmediata y de acompañamiento permanente que pretende garantizar nuestro sistema haya significado un paso más hacia la conquista de su libertad y la de sus hijos e hijas.

Micaela Navarro Garzón es consejera para la Igualdad y Bienestar Social