Socialistas y PP, únicos grupos que aprecian pérdida patrimonial en los bonos del 'ferry'
La primera sesión para exponer las conclusiones de la comisión de investigación del caso de los bonos del ferry confirmó ayer lo que ya se barruntaba. Solo el PSE y el PP aseguraron que hubo una pérdida patrimonial de 9,7 millones de euros tras la desaparición de más de 35.000 billetes, según señalaron las fuentes consultadas. El PNV negó cualquier irregularidad al aducir que se mantuvieron los derechos de viaje, mientras que EB dijo que el caso se limita a una subvención a una empresa y el Grupo Mixto valoró que se produjo una mala gestión.
Este caso saltó a la luz pública el pasado año tras el informe del Tribunal Vasco de Cuentas, que concluyó la existencia de una pérdida de 9,7 millones para las arcas de la Diputación de Vizcaya al desaparecer más de 35.000 bonos del ferry que une Bilbao con Portsmouth. Todo se remonta a un acuerdo cerrado en 1995 entre la Diputación y la naviera P&O, que ha explotado durante los últimos 15 años el transbordador, que permitió a la firma cobrar una ayuda pública de 5,9 millones.
La UE la declaró ilegal y, tras la sentencia de un juzgado, cada parte tuvo que devolverse bonos y dinero: 13 millones de P&O a la Diputación, que debió pagar a la empresa 3,2 millones por los 10.735 billetes usados hasta 2003. Al no hallarse los 35.707 restantes, la institución abonó otros 9,7 millones más.
Derecho de uso
El PNV se mantuvo en la posición defendida el último año: que no existe ninguna pérdida porque la Diputación ha continuado con el derecho de uso de los bonos. Argumentó que la decisión, en septiembre, de P&O de dejar el servicio ha llevado a la institución foral a demandarle por los bonos no utilizados. Relativizó el hecho de la desaparición física de los billetes ya que la naviera aceptó que se utilizaran actas como canje.
El PSE, que subrayó que el ferry perseguía generar riqueza y empleo, insistió en la existencia de la pérdida patrimonial pero no abordó posibles responsabilidades. Los socialistas, quienes ocuparon el área foral de Transportes que gestionaba los bonos hasta 1999, apuntaron que desparecieron en 2004.
El PP, el grupo más crítico, aseguró que los billetes desaparecieron entre agosto de 1999 y febrero de 2000. Remarcó que existe una responsabilidad contable y que la Diputación incumplió la norma foral de patrimonio por falta de custodia y no atendió el requerimiento de la UE. El próximo martes habrá otra sesión y se prevé que en enero se apruebe el documento final en un pleno monográfico de las Juntas Generales.
