Medio Ambiente ratifica la sanción por el solar de Derio contaminado

El Departamento de Medio Ambiente ha desestimado los recursos presentados por las constructoras y ha convertido en firme su sanción, por una falta grave, en la edificación de chalés en un solar contaminado de Derio. Fuentes de la consejería confirmaron a este periódico que, aunque el expediente está aún en trámite, ya se ha decidido mantener la sanción, la primera que se impone en Euskadi por infringir la ley de Prevención de Contaminación, en vigor desde 2005. Ahora, los afectados solo pueden recurrir a los tribunales de justicia.

La medida disciplinaria impone la multa de 24.000 euros para la principal constructora (Arco Atlántico) e idéntica cantidad para la asociación administrativa creada para el proyecto, donde también está Arco Atlántico, otra constructora, Proyectos Eraikin; la sociedad pública Visesa y media docena de particulares. Es la cifra mínima en el caso de las faltas graves de la ley de Prevención de Contaminación, que pueden alcanzar los 240.000 euros, ya que la consejería estima que no hay evidencias de daño al medio ambiente ni a la salud de las personas ni se ha acreditado que los promotores hayan logrado beneficios económicos con la infracción.

Los constructores solo tienen ya la posibilidad de ir a los tribunales

Una asociación religiosa pagó la indemnización pese a no ser responsable

Medio Ambiente ha considerado probado que se incumplió la ley de contaminación al iniciar el desarrollo del proyecto de los chalés sin sanear previamente la zona. La urbanización está prácticamente concluida, con un centenar de viviendas edificadas e incluso cinco familias viven en esta área desde marzo de 2009. La ley obliga a que, cuando existe un área potencialmente contaminada, se debe realizar un plan de excavación y presentar un certificado de calidad del suelo.

El Gobierno advirtió hasta en cuatro ocasiones entre los años 2007 y 2008 que debía cumplir estos requisitos antes de iniciar cualquier obra, pero los trabajos se iniciaron en 2007 con el aval del Ayuntamiento de Derio, gobernado por el PNV, que fue concediendo las licencias desde ese año.

Los trabajos de urbanización en el área afectada, unos 10.000 de los 124.000 metros cuadrados, están paralizados por el Ejecutivo vasco desde hace casi año y medio. Medio Ambiente aprobó en mayo el plan de limpieza, con un plazo máximo de inicio de tres meses, que ya ha expirado. La constructora Arco Atlántico asegura que acometerá la limpieza, aunque ya ha presentado a un juzgado un preconcurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos).

La empresa pretende que la limpieza sea pagada por los propietarios a los que compró la mayor parte del solar en 2004, la congregación religiosa Hermanos de La Salle. Entonces pagó un total de 7,6 millones por el solar, un precio, que según fuentes de la construcción, fue la tercera parte del precio del mercado. En 2007 empezó a reclamar a los religiosos una indemnización pero recibió la respuesta negativa, en una carta del 24 de mayo de 2007, ya que en 2004 no constaba una declaración de contaminación del suelo ni requerimientos de la Administración. "No existe responsabilidad alguna" de la congregación, afirmaba su representante Francisco Javier Haya.

Sin embargo, el pasado 30 de julio ambas partes firmaron un documento con un resarcimiento económico de los religiosos. En el acuerdo se señala que Hermanos de la Salle "no tiene responsabilidad alguna" en la problemática del suelo pero, "en aras al espíritu de colaboración y aun no estando legalmente obligados a ello" aceptan una indemnización a Arco Atlántico.

El resarcimiento consiste en un pago en metálico de 300.000 euros y la compra de unos de los chalés, valorado en 504.920 euros. Este dinero se dedicará a todas las tareas de limpieza. Arco Atlántico ha asegurado que costaría menos de un millón de euros, aunque expertos consultados por EL PAÍS creen que superará los cinco millones.

El documento de acuerdo incluye duras críticas al Departamento de Medio Ambiente por obligarle a excavar y trasladar los suelos afectados, en vez de optar por otras medidas como el sellado. Tras señalar que es una resolución "carente de amparo jurídico", dice que esta postura "solo se comprende desde la constatación de la desproporcionada campaña mediática orquestada" cuyos objetivos son "motivos políticos".

Explica que empezó las obras en 2007 debido, entre otros motivos, a la "falta de respuesta del Gobierno", que ese año y el siguiente le advirtió en cuatro ocasiones que era necesario sanear previamente el solar.

Este caso se ha enmarañado judicialmente, ya que Arco Atlántico demandó a media docena de propietarios por negarse a escriturar y una primera resolución le ha dado la razón. Pero el litigio ha entrado ya en la vía penal, porque otros propietarios han demandado por un delito ecológico a la constructora, al alcalde de Derio y otros técnicos municipales que intervinieron en el proyecto, que ya han sido imputados por un juzgado de Bilbao al admitir la denuncia.