De Miguel declara 60.000 euros y un piso

El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) publicó ayer la esperada declaración de bienes e intereses de los diputados, ex diputados y altos cargos forales durante la presente legislatura. Entre ellos sobresale Alfredo de Miguel, el principal imputado en el caso de supuesta corrupción que implica a militantes del PNV en esa provincia y que se conoce por su apellido.

El ex diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial declaró cuando fue destituido en marzo, precisamente por su presunta implicación en la trama, la propiedad al 50% -se entiende que con su esposa- de un piso con garaje en Vitoria valorado en casi 250.000 euros, de la mitad de un terreno rústico en Fruiz y de idéntica participación sobre 60.000 euros ingresados en cuentas de ahorro de la Vital e Ipar Kutxa.

Seis cargos forales no presentan ningún número de cuenta corriente

El balance apenas difiere del que declaró tres años antes, cuando accedió al cargo, que también fue publicado ayer en el BOTHA. Entonces era dueño de la mitad de otro piso en la capital alavesa, valorado en 112.000 euros, aunque sólo disponía de 17.000 en cuentas de ahorro. El principal cambio radica en un crédito hipotecario, que durante su mandato logró rebajar de casi 470.000 euros a 333.000.

En ambas declaraciones incluye un único vehículo de la marca Saab, cuyo valor asciende a 19.000 euros. En la primera, además, figura la participación de De Miguel en tres sociedades que están siendo investigadas por el juez por su relación con la trama de corrupción en Álava: Kataia, Eskalmelo y Landaburu Etxea. Esta última no figura, sin embargo, en la segunda, la cerrada tras su destitución.

La publicación de los bienes de De Miguel, junto a los del resto de diputados y altos cargos de la presente legislatura foral, responde al requerimiento que en este sentido aprobaron las Juntas Generales en julio pasado con los votos del PNV, el PSE y Eusko Alkartasuna. La iniciativa surgió a propuesta del propio diputado general, Xabier Agirre, tras las acusaciones lanzadas por el PP en torno a la trama de corrupción.

En el conjunto de las declaraciones destaca que seis cargos forales no ofrecen el número de ninguna cuenta corriente de la que sean titulares. La que más patrimonio declara es la diputada de Innovación y Promoción Económica, Arantza Zenarrutzabeitia, quien posee el 50% de seis bienes inmuebles, entre viviendas, lonjas y garajes, que suman más de 550.000 euros.

En el lado opuesto de la balanza se sitúan varios cargos que no declaran patrimonio de este tipo. Xabier Agirre reconoce tener en propiedad la mitad de un piso con un valor catastral de 307.000 euros, de dos turismos, de casi 17.000 euros en una cuenta y de un préstamo por otros 90.000.

El PP, que votó en contra en las Juntas de una publicación de datos que tachó de parcial, insistió ayer en que las declaraciones recogidas en el Boletín Oficial "no son creíbles ni un fiel reflejo de la realidad". La juntera popular Marta Alaña argumentó la ausencia de un número de cuenta corriente en la declaración de seis de los cargos y se preguntó "dónde les ingresan las nóminas o les giran los recibos".

A la formación popular le choca además que algunos funcionarios no dispongan de un plan de pensiones, ya que la Diputación les paga la mitad de las aportaciones que hagan. Alaña consideró extraño igualmente que en tres de los casos, la cuantía del crédito hipotecario declarado tras la llegada a la Diputación es idéntica a la de la salida, por lo que se supone que no se ha amortizado ni un solo euro.