Citroën acucia a la Xunta para que defina ya la ubicación de Mitsubishi

Por su condición de socio de Mitsubishi para la fabricación de coches eléctricos, la voz del director de la planta viguesa de PSA Peugeot Citroën, Pierre Ianni, es la más autorizada de las que se escuchan en Galicia sobre el proyecto de una planta de baterías de litio de la multinacional japonesa. Ayer terció en el debate sobre las posibles localizaciones alternativas de la fábrica, dados los problemas judiciales del puerto seco de Salvaterra (Plisan). Ianni llamó a "poner freno a esto", en referencia a las múltiples soluciones alternativas, alertó contra los "localismos" y abogó por "definir rápidamente una de las opciones". El plazo de lo que considera razonable concluye "antes de que acabe el año".

Guerra y Rueda piden que cesen las propuestas alternativas

Ianni alerta contra los "localismos" y cita la Plisan como "primera opción"

El máximo responsable de Citroën en Vigo incidió en la necesidad de definir cuanto antes la ubicación de la fábrica. "Hay diferentes opciones y hay que cerrar rápidamente una de ellas", urgió Ianni, antes de participar en una jornada sobre el vehículo eléctrico que se celebra en Vigo. Y añadió que "se habla mucho, quizás demasiado", de posibles ubicaciones de la planta, un proyecto que conlleva una inversión de 500 millones de euros. Su receta fue la siguiente: "Dejar de hablar y empezar a actuar".

Para Citroën, la Plisan sigue siendo "la primera opción" de Mitsubishi, por lo que reclamó que se solucionen los problemas jurídicos del enorme parque industrial, cuyo proyecto sectorial está anulado por los tribunales. En ese sentido, mostró su "optimismo" y "confianza" en que el "empuje" de la Consellería de Economía e Industria permita lograr una situación definitiva.

Una de las gestiones de Industria consiste en las dos sucesivas modificaciones de la Lei do Solo para combatir el frente judicial que empaña el futuro de la Plisan. Con la primera, incluida en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, se despeja el camino de las instalaciones industriales que afectan a suelo de especial protección, como es el caso de Salvaterra, uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo anuló el plan sectorial del proyecto. La segunda, mediante una enmienda del PP a la ley presupuestaria, pretende evitar que "una eventual anulación del proyecto expropiatorio" suponga el reinicio de todo el procedimiento administrativo.

Este último cambio, que aún se retoca en vísperas de que hoy se cierre el plazo de enmiendas a la ley de Presupuestos, lleva implícito el reconocimiento de los derechos mineros de 498 expropiados en Salvaterra, también avalados por sentencia. El bipartito publicó un decreto para efectuar el pago, que suma 7,7 millones de euros, pero el cambio en la Xunta paralizó su ejecución. El conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, no es partidario de asumir esos derechos, y dio orden de recurrir ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que los reconocía. Pero la irrupción del proyecto de Mitsubishi ha cambiado el criterio. Ahora, el conselleiro de Industria, Javier Guerra, asume las reclamaciones de los propietarios, con los que llegó a un preacuerdo el pasado 4 de octubre.

El pacto, que conllevaba un compromiso de silencio de los afectados, se cerró en una reunión en la que Industria estuvo representada por un bufete de abogados, y era la continuación de otra mantenida con el propio Guerra el 28 de agosto. Desde octubre, los afectados no volvieron a tener noticias de la Xunta. Hasta que ayer se enteraron por la prensa de que la consellería reconoce sus derechos. "Lo que van a hacer es otra chapuzada más", lamentaba con escepticismo su presidente, Alejandro Rodríguez.

Sobre la abundancia de alternativas a Salvaterra, como las de Narón, Vilanova o Pontevedra también habló ayer el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Lo hizo precisamente en Pontevedra, para pedir "responsabilidad y sentido común" y recordar que, "esté donde esté" la fábrica, los gallegos saldrán "todos beneficiados". Industria, mientras, aseguró que trabaja para "eliminar las incertidumbres jurídicas" y pidió "prudencia a todos, incluidos los ayuntamientos", también en referencia a las ubicaciones alternativas.