2.000 afectados por el recorte de ayudas a los más pobres

Unos 2.000 gallegos en riesgo de exclusión social dejarán de ser atendidos el próximo año al suprimir la Xunta la partida presupuestaria que desde hace casi una década entregaba a los ayuntamientos de las siete ciudades así como al Consorcio de As Mariñas (nueve municipios del área urbana de A Coruña) para ayudar a los ciudadanos más pobres a pedir y obtener ayudas públicas que les permitan sobrevivir. El tijeretazo del Gobierno de Feijóo, denunció la edil de Servicios Sociales de A Coruña, la socialista Silvia Longueira, "anula derechos y supone regresar a las políticas de caridad en lugar de apostar por proyectos que alivian los desajustes sociales y promueven la inclusión de ciudadanos en la precariedad".

La supresión del dinero que la Xunta concedía para aplicar el Plan de Inclusión Social de Galicia en cada ciudad obligará a "anular" los equipos técnicos de inclusión social (Etis) que se encargaban de gestionar las ayudas para las personas más pobres, como las que perciben la Renta de Integración Social (Risga). Esos técnicos tenían también entre sus funciones la de facilitarles un acceso a la oferta de formación laboral de cada ciudad, ponerles en contacto con entidades sociales y ayudarles a recobrar o mantener un empleo.

Más casos

En momentos de crisis como el actual, ahondó Longueira, aumentan las personas en situación de precariedad económica e incluso con riesgo de exclusión social, por lo que se necesitan más que nunca "servicios sociales" y equipos técnicos que los atiendan. La edil coruñesa descarta que las entidades sociales puedan asumir la labor especializada "y vertebradora" que ofrecían los equipos ténicos de inclusión social de los ayuntamientos.

En A Coruña, que recibía cada año de la Xunta 180.000 euros, quedarán desatendidos más de 700 usuarios de esos equipos, quienes tramitaron este año en total medio millar de solicitudes de Risga y unas 300 peticiones de emergencia social. En este último trimestre del año, casi 300 familias coruñesas aguardan que la Consellería de Benestar resuelva su petición para cobrar la Risga. Detrás de la decisión de la Xunta, Longueira ve un interés político ante las elecciones municipales de mayo. El recorte afecta a "los grandes ayuntamientos de Galicia gobernados en su mayoría por alcaldes socialistas", denuncia.