En Portugal, el AVE debe esperar

El proyecto de una red ferroviaria de alta velocidad que conecte a Portugal con España y el resto de Europa está cada día más lejos. La severa crisis económica y las dificultades de financiación convierten en un sueño lo que el Gobierno de José Sócrates, socialista, todavía define como una apuesta estratégica. El drástico recorte en los presupuestos de 2011 para reducir el déficit público implica, entre otras acciones, la reevaluación de todos los proyectos público-privados y de inversión en grandes obras, como el tren de alta velocidad (AVE).

Antes de la reciente aprobación de los presupuestos en la Asamblea de la República, con el voto en contra de toda la oposición menos el conservador Partido Social Demócrata (PSD), que se abstuvo, el AVE ya había recibido un serio golpe al ser anulado el concurso público para uno de los tramos del eje Lisboa-Madrid. El 10 de septiembre pasado, los Ministerios de Obras Públicas y de Finanzas comunicaron a los tres consorcios que presentaron propuestas para la construcción del tramo entre Lisboa y Poceirão (41 kilómetros) que se suspendía la licitación debido al "progresivo deterioro de la coyuntura económica y financiera" de Portugal. El concurso incluía la construcción de un tercer puente sobre el Tajo en la capital portuguesa, con una inversión total que oscilaba entre 1.870 y 2.310 millones de euros, según las propuestas. El Gobierno ha dicho que en un plazo de seis meses habrá una nueva convocatoria.

Para la oposición conservadora, la red de alta velocidad es un despilfarro

Las conexiones con Vigo, Salamanca y Huelva son letra muerta

El otro tramo portugués del AVE Lisboa-Madrid, que va desde Poceirão a Caia, en la frontera con Extremadura, y que cubre 167 kilómetros, ya pasó la fase de licitación. El consorcio internacional ELOS-Ligaçoes de Alta Velocidade, en el que participa el grupo español ACS, ganó el concurso en mayo. El proceso de expropiaciones debería haber empezado en octubre y el arranque de las obras estaba previsto para el primer trimestre del año próximo. Pero las empresas implicadas no han cerrado todavía la fase de financiación. Portugal vive tiempos de gran incertidumbre, con una deuda gigantesca y la desconfianza de los mercados, que dificulta el acceso al crédito.

En estos condiciones, el Gobierno ha logrado la luz verde para unos presupuestos que recortan los salarios y pensiones de empleados públicos, suben impuestos como el IVA y ponen en el congelador las grandes obras públicas con financiación público-privada. A cambio, el Ejecutivo, que no tiene mayoría en el Parlamento, se ha visto obligado a ceder ante el PSD, principal partido de la oposición, con el que se sentará para reconsiderar, una a una, todas las obras públicas proyectadas.

Si finalmente el Estado suspendiera la construcción del tramo Poceirão-Caia, que tiene presupuestada una inversión de 1.359 millones de euros, las consecuencias no afectarían solo a las empresas constructoras, que lógicamente reclamarían las indemnizaciones correspondientes, sino que pondría en riesgo 450 millones de euros de fondos comunitarios. La Comisión Europea aprobó la cantidad de 1.377 millones de euros para financiar hasta el año 2013 el proyecto de alta velocidad en Portugal, repartidos de la siguiente manera: 422 millones de la Red Transeuropea de Transporte y 955 millones de Fondos de Cohesión.

Sócrates mantiene contra viento y marea que los beneficios de la construcción del AVE son superiores a los costes, y reitera que es la oportunidad para Portugal de conectarse a Europa, aprovechando los fondos comunitarios y la financiación del Banco Europeo de Inversiones. Actualmente, las voces que claman contra el AVE y otras obras públicas en la agenda del Gobierno, como el segundo aeropuerto en Lisboa, hacen mucho ruido. Para la oposición conservadora, la red ferroviaria de alta velocidad es un despilfarro que no hace ninguna falta al país. El dirigente del PSD Paulo Rangel acusó al Gobierno de crimen de lesa humanidad por insistir en el AVE antes de las elecciones legislativas de septiembre de 2009, y calificó de "megalómanas y faraónicas" las obras públicas defendidas por el Ejecutivo. Durante la campaña electoral, el tren de alta velocidad y España fueron blanco de los ataques de algunos dirigentes conservadores.

La guerra contra el AVE ha ofrecido interesantes cambios de opinión de algunos políticos portugueses. Queda lejos la cumbre hispano-lusa de Figueira de Foz, en 2003, en la que José María Aznar y José Manuel Durão Barroso, del PSD, anunciaron a bombo y platillo cuatro ejes ferroviarios de alta velocidad: Lisboa-Madrid, Oporto-Vigo, Aveiro-Salamanca y Faro-Huelva. El ministro de Obras Públicas, António Carmona Rodrigues, también del PSD, hablaba en aquellos tiempos de un plan ferroviario para el siglo XXI con una inversión de 12.000 millones de euros. Hoy, solo el proyecto Lisboa-Madrid (710 kilómetros) sobrevive a duras penas. Todos los demás son letra muerta.