La fiscal pide dos años al ex presidente del PNV en Barrika

La Fiscalía de Vizcaya ha pedido dos años de prisión al ex presidente del PNV de Barrika Jon Larrazabal, y al responsable de la constructora Excavaciones Baranda, Alexandre Albizu, por un delito contra el medio ambiente. La fiscal les imputa a ambos la realización de vertidos, algunos peligrosos, en un área protegida de Barrika sin cumplir los requerimientos del Departamento de Medio Ambiente. El caso, que se remonta a 2006, cuando la asociación ecologista Txipio Bai presentó una denuncia, queda ya pendiente de que se fije de la fecha del juicio, que se celebrará el próximo año.

La fiscalía, en un escrito del pasado mes de junio, relata que Jon Larrazabal pidió en 2002, cuando era el presidente del PNV de Barrika, una licencia para plantar viñedos en un terreno de su propiedad, que está incluido en el catálogo abierto de espacios naturales de Euskadi, al ser el hábitat natural de la rana patilarga -una especie catalogada como vulnerable- y existir una zona de interés geológico. En 2004, Larrazabal modificó el permiso para verter residuos y transmitió la licencia a la constructora Excavaciones Baranda.

Al año siguiente, un informe de Medio Ambiente exigió a los promotores que realizasen un estudio previo sobre cualquier actuación en la zona al tratarse de un área protegida, pero la constructora no realizó ningún informe ni retiró los materiales vertidos, como también se les había requerido, según constata la Fiscalía. Al contrario, los dos imputados realizaron rellenos y destruyeron parte del área de interés geológico, señala el Ministerio Público, que alude a los informes de la Guarda Civil, en los que se detectaron concentraciones de cadmio y arsénico de hasta el triple por encima del umbral legal de afección a los ecosistemas.

La denuncia de los ecologistas señalaba que se produjo un relleno de 70.000 metros cúbicos de escombros y tierras contaminadas. Agregaba que Larrazabal desglosó el proyecto en dos superficies de más de 4.000 metros cuadrados, con lo que evitaba que la actuación fuera considerada un relleno (lo que ocurre cuando un área supera los 5.000 metros cuadrados) y que requiere la autorización de la consejería de Medio Ambiente. Así, solo precisó la autorización municipal.

La Audiencia de Vizcaya, que en febrero rechazó el archivo de la causa pedido por los imputados y confirmó su implicación, consideró la existencia del delito medioambiental y que, pese a las medidas correctoras exigidas por Medio Ambiente, "se hizo caso omiso".

Además del testimonio de los dos imputados, ha pedido la declaración en el juicio de cuatro testigos, entre ellos el entonces alcalde de Barrika, el peneuvista José María Ezpeleta, y cuatro guardias civiles que realizaron los informes sobre los vertidos peligrosos. La petición de condena de dos años va acompañada de una multa de 5.400 euros para cada uno de los dos acusados.