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Los escándalos que afectan al PP

Anticorrupción prepara el tercer frente del 'caso Gürtel'

Espera un informe para abrir otra causa en Castilla y León

La Fiscalía Anticorrupción espera un último informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General del Estado para pedir al juez Pedreira que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Castilla y León ante los indicios que afectan a varios aforados del PP sobre pagos de comisiones ilegales y amaño de adjudicaciones en esa comunidad autónoma.

El último informe policial sobre la trama Gürtel en Castilla y León revela al menos tres adjudicaciones amañadas (dos carreteras y la planta de tratamiento de basuras) para beneficiar a la constructora leonesa Teconsa, que pagaría por este trato de favor un 3% del total del contrato adjudicado a la organización de Francisco Correa, quien repartiría la comisión entre dirigentes del PP.

Correa se repartió con políticos 384.000 euros por la planta de Gomecello

Los dos aforados implicados en la supuesta recepción de comisiones son José Manuel Fernández Santiago, actual presidente de las Cortes de Castilla y León, y Silvia Clemente, consejera de Agricultura de esta comunidad.

El último informe policial señala que Correa cobró 384.670 euros en mayo de 2003 como adelanto de una comisión total de 600.000 euros por la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de Gomecello (Salamanca) por parte de la Consejería de Medio Ambiente a una UTE formada por Teconsa y SUFI, SA. Ambas empresas y sus responsables están implicados en el caso Gürtel por otras adjudicaciones supuestamente amañadas. La policía cree que Correa y ex altos cargos del PP, entre ellos el ex tesorero nacional Luis Bárcenas, el ex eurodiputado Gerardo Galeote y el ex diputado por Segovia Jesús Merino lograron que Clemente, entonces consejera de Medio Ambiente, adjudicase la planta de Gomecello a la citada UTE por 22 millones. La comisión pactada la repartió Correa entre Bárcenas, Merino, Galeote y él mismo (60.000 euros cada uno). Se basa en la contabilidad B de las empresas de Correa, en las que se cita a estas cuatro personas con sus iniciales. En esa contabilidad figura una quinta persona, que se llevó 144.200 euros, y que la policía cree que es Silvia Clemente. En dicha contabilidad B se alude así a esa quinta persona: "1 sobre de 24mm=144.200 E - CL- S". Los agentes sospechan, aunque los indicios son endebles, que la "S" corresponde a Silvia, y que CL es la abreviatura de Castilla y León.

La policía tiene más clara la supuesta recepción de comisiones, en otras obras, por parte de Fernández Santiago, quien en la contabilidad B de Correa es mencionado como "TOTI".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de noviembre de 2010