Un marrón sobrevenido y evitable

El caso Contador es para las autoridades deportivas españolas un marrón se mire por donde se mire. "Pase lo que pase, perdemos", dice un dirigente; "si la federación española le sanciona, tendremos bronca en casa; si le absuelve, bronca con la UCI y con la AMA, que volverán a recordarnos que aquí somos demasiado comprensivos con el dopaje, que no luchamos con ganas. Y estas presiones no son lo mejor para garantizar un juicio verdaderamente justo".

El dirigente, que confiesa que apenas durmió la noche que la UCI envió el informe Contador, aboga en esta situación por una salida única, la fe: "O creemos o no creemos en el sistema". Él, hombre de sistema, debe creer obligatoriamente. Sin embargo, como recordaron los observadores independientes de la AMA en su informe sobre el Tour de Francia, el sistema es mejorable.

Decían los observadores que sería mejor, más económico, más rápido, más eficiente, que fuera la propia federación internacional, la UCI, la que, aprovechando su amplio gabinete jurídico y sus mayores medios de prueba, sancionara directamente los casos de dopaje en vez de hacérselos procesar a las federaciones nacionales implicadas.

Esta solución, al margen de las ventajas apuntadas en el informe, apartaría de las autoridades nacionales el cáliz amargo de tener que juzgar a sus grandes figuras para, a su vez, ver luego sus decisiones juzgadas por la opinión pública internacional y revisadas por el TAS.

La UCI siempre ha acusado al ciclismo español de ser excesivamente complaciente con sus dopados. Se apoya la federación internacional en algunos casos archivados por la española y revisados después por el propio TAS.

En 2001, la absolución de Txema del Olmo, del Euskadi, positivo por EPO en el Tour, fue invalidada por el TAS. Y en 2006, meses después de que impepinablemente, dada la vigilancia internacional, la española sancionara a Roberto Heras con dos años, se archivaron los positivos de dos corredores del Euskaltel (nuevo nombre del Euskadi): Íñigo Landaluze, ganador de la Dauphiné Libéré, y Aitor González, vencedor de la Vuelta a Suiza. A Landaluze, positivo por testosterona, se le aplicó el lema de in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del acusado); a González, por metiltestoterona, la presunción de inocencia, pues alegaba que había consumido un suplemento contaminado.

Medio año después, el TAS, sorprendentemente, no castigó a Landaluze, pero por un defecto de forma, no porque dudara de su culpabilidad, pero condenó a González, cuyo abogado, Luis Sanz, lo es actualmente de la federación española y preside su comisión estatutaria.