Virtudes públicas

En unas declaraciones realizadas a la prensa, José Joaquín Ripoll ha asegurado que el caso Brugal quedará en nada. No me extrañaría que el presidente de la Diputación de Alicante acertara en su pronóstico. En nuestro país, la justicia es lenta; en ocasiones, lo es tanto que, cuando se produce el juicio, los hechos que lo motivaron resultan muy lejanos, y el interés de la opinión pública ha decaído por completo. También podría ocurrir que, en un caso de instrucción tan compleja como este, surja un detalle formal, un imprevisto, que eche por tierra la investigación y la invalide. Aún recordamos el asunto Naseiro, tan llamativo. Si eso sucediera ahora, Brugal quedaría en nada, como vaticina Ripoll; los políticos implicados podrían continuar tranquilamente en sus puestos. Tal cosa no supondría, sin embargo, que los hechos del caso Brugal no se hayan producido.

El político pretende que la verdad de la justicia sea la única existente, pero no siempre es así. En ocasiones, la verdad de la justicia y la de los hechos no coinciden: eso lo saben perfectamente los profesionales de la ley. En el caso Brugal no precisamos esperar a lo que diga la justicia para valorar unos sucesos. Las conversaciones que han publicado los periódicos dibujan con pormenor lo sucedido y muestran con claridad -a veces, incluso, excesiva- la conducta de los protagonistas. En un arranque de sinceridad, Ripoll ha afirmado que ciertas conversaciones le producen rubor. Estamos de acuerdo con el presidente de la Diputación de Alicante, aunque quizá la delicadeza del adjetivo no sea la más adecuada.

En el momento actual, la cuestión que cabe debatir es si estas personas deben o no continuar con sus cargos públicos. Nadie está dispuesto, sin embargo, a asumir su responsabilidad. Ya que ellos no lo hacen, los ciudadanos deberíamos preguntarnos si José Joaquín Ripoll reúne las cualidades necesarias para presidir la Diputación de Alicante, o si Mario Flores puede continuar al frente de las obras públicas de la Comunidad Valenciana. Es Sonia Castedo quien debe explicarnos qué hacía embarcada en el yate de un promotor, o por qué el redactor del Plan General de la ciudad se entrevistaba con esa misma persona; o qué urdía su concejal de Hacienda. Acudir al juzgado para pedir el levantamiento del sumario -con los fotógrafos esperando impacientes en la puerta- no es más que un acto publicitario para confundir a la opinión pública.

Podemos no dar importancia a estos hechos y aceptar la conducta de estos políticos; o, incluso, salir en su defensa y acusar a la policía y a los jueces de oscuras maquinaciones. Si lo hacemos así, deberíamos preguntarnos que clase de sociedad sería aquella en la que todos nos comportásemos de idéntica manera. ¿Nuestra aspiración es construir un mundo donde los listos tengan siempre la razón? El empresario que busca el favor del político y lo corrompe, destruye las reglas del libre mercado y daña la democracia. Pero hay quien se empeña en decirnos que estas conductas son normales y deberíamos aceptarlas. Cuando los periodistas le preguntan a Fernández Valenzuela por el comportamiento de Ortiz, el ex presidente de la Cámara de Comercio responde que es un empresario "y si le dan juego, juega". Por lo visto, todo se reduce a jugar, sin hacer caso de las reglas. Lo grave es que esto lo dijera quien aspiraba, como socialista (!), a la alcaldía de Alicante.