Japón se quedó con mi hijo

Hace casi tres años que José María Cacho vio por última vez a su hijo en España. Fue el 8 de enero de 2008, cuando lo dejó con su ex mujer japonesa, que tenía su custodia. El viernes siguiente fue al punto habitual de encuentro en Valdemoro (Madrid) para recogerlo. "No vino nadie", explica telefónicamente. Semanas después descubriría que su ex mujer se había llevado al niño a Japón, violando la orden judicial que impedía al menor salir de España sin consentimiento paterno. Y aunque Cacho ha removido cielo y tierra para traerlo de vuelta, en la actualidad su hijo -que ya ha cumplido diez años- sigue en Japón.

Además de que no existen acuerdos de cooperación judicial entre Madrid y Tokio, Cacho se ha topado con que Japón es el único país del G-7 que no ha firmado la Convención de La Haya sobre sustracción de menores suscrita por 82 Estados, incluido España. Tampoco se considera delito la acción de su ex mujer porque, en Japón, tras un divorcio, solo uno de los progenitores obtiene la patria potestad del hijo. No existe el concepto de custodia y no se otorgan derechos de visita a menos que lo consienta el progenitor que tiene la patria potestad. Por ello, los expertos señalan a este país como el más complicado para solventar una sustracción internacional de menores. Los cientos de padres perjudicados prefieren definirlo como un "refugio seguro para el secuestro de menores". En cualquier caso, desde 1952, año del primer registro al respecto, ni un solo menor ha sido devuelto por Japón.

La ex mujer de Cacho no ha renovado el pasaporte español del niño, que tiene uno japonés con apellido del padrastro

Otros tres padres españoles se encuentran en situación parecida a la de José María Cacho. Y 269 menores estadounidenses han sido "secuestrados o retenidos ilegalmente" en Japón desde 1994, según el departamento de Estado. En el último año, los embajadores de ocho países, incluido España, solicitaron conjuntamente la adhesión de Japón al convenio de La Haya y pidieron al Gobierno de Tokio un esfuerzo para solucionar los casos pendientes (el convenio no es retroactivo). A raíz de esta petición, el Gobierno japonés creó recientemente una división especial integrada en el departamento de Exteriores. Además, anunció en agosto que está considerando la posibilidad de adherirse a la convención. Sin embargo, para rubricarla debe reformar su legislación en materia de derecho familiar, algo que puede llevar años.

Estos acercamientos siguen resultando insuficientes para los padres afectados. Se confiesan impotentes y abandonados por unas autoridades incapaces de deshacer esta dantesca y sonrojante maraña jurisdiccional, y por ello han creado asociaciones de apoyo y varios grupos en Internet para dar a conocer la situación.

Los padres extranjeros que residen en Japón no lo tienen mucho mejor pues los tribunales del archipiélago otorgan, salvo excepciones, la patria potestad a los nipones. Una tendencia que no varía pese a que los matrimonios entre japoneses y foráneos han aumentado un 40% desde 1990; en 2006 hubo 17.000 divorcios de este tipo y se calcula que anualmente nacen 20.000 niños de matrimonios mixtos.

Al descubrir lo ocurrido, Cacho denunció a su ex mujer ante la justicia española, que le imputó a ella un delito de desobediencia y sustracción de menores y dictó una orden para localizar al pequeño. Interpol Japón respondió que según la ley nipona solo se pueden facilitar esos datos si hay constancia de que la mujer se llevó al niño con violencia, lo retiene contra su voluntad o es incapaz de criarlo. Y así Cacho sigue sin saber del crío pese a que en abril de 2009 otro juzgado español le concedió su guarda y custodia, despojando a su madre del derecho de visita.

En mayo de 2009, Cacho viaja a Japón. "Solo quería ver al niño. Intentar llevármelo me hubiera expuesto a varios años en prisión allí", añade. Tras dar con el domicilio del pequeño en Hannô (prefectura de Saitama, al norte de Tokio), descubre algo que complica aún más la situación: su ex mujer ha dejado caducar el pasaporte español del niño y ha logrado que le expidan uno japonés en el que ya no figura el apellido paterno, sino el de su nuevo marido. La legislación nipona solo requiere presentar un registro familiar y la firma de uno de los tutores para otorgar un pasaporte a un menor. "Considero que ha suplantado la identidad de mi hijo, y así logró sacarlo de España", explica José María Cacho.

Al no encontrar a nadie en la casa de Hannô, Cacho decidió hacer una pintada en la pared del vecino para comunicarse con su hijo. Días después se topó con él en la calle y logró abrazarlo antes de que su madre se lo llevara. Fue la última vez que lo vio. Al poco tiempo fue detenido por la pintada y condenado a 22 días en prisión, y a pagar una multa de unos 1.000 euros.

Cacho ha retornado a Hannô, donde la policía local lo ha interrogado y le ha invitado a marcharse, pero no ha conseguido ver de nuevo a su retoño. Lo único que sabe de él es que es modelo infantil y que aparece en un concurso televisivo semanal de la emisora nacional nipona. Japón desestimó además, en junio, la comisión rogatoria enviada desde España solicitando su colaboración para llamar a declarar a la ex mujer de Cacho. Por ello, el juez español encargado del caso optó en septiembre por remitir una comunicación de cooperación internacional. "La pelota está ahora en el tejado del ministerio español de Exteriores", explica un Cacho descontento con la actuación de la Administración, a la que exige presentar una protesta formal por escrito ante las autoridades japonesas. "Pero sobre todo es necesaria más presión y acción", añade, poniendo como ejemplo la resolución 1326 (http://www.opencongress.org/bill/111-h3240/show), aprobada el 28 de septiembre por la Cámara de representantes de Estados Unidos, un primer paso que, aunque simbólico, condena las sustracciones. Lo importante es hacer algo. Aunque cualquier medida llegará muy tarde para Cacho. "Esos tres años entre tribunales, embajadas, ministerios, nadie se los puede devolver a mi hijo".