Montero pide al Gobierno que regule la objeción en el ámbito sanitario

El vacío legal en torno a la objeción de conciencia está dificultando en algunos casos el ejercicio efectivo de derechos sanitarios reconocidos como el aborto o la muerte digna. A esta conclusión han llegado tanto diversas asociaciones sanitarias como la propia consejera de Salud, María Jesús Montero, que ayer pidió al Gobierno central que regule la objeción en el ámbito sanitario. "Hay veces que la no regulación provoca un vacío normativo que da lugar a interpretaciones distintas y a lecturas y sentencias contradictorias", señaló Montero en Sevilla en declaraciones a los periodistas en una jornada de debate sobre derechos sanitarios en conflicto.

Cuando hace unos meses el Parlamento andaluz aprobó la ley de muerte digna y el estatal la nueva regulación del aborto, algunos profesionales del ámbito sanitario exigieron a la Junta que regulara la objeción. Pero ni el Gobierno andaluz tiene competencias para hacerlo ni consideraba que fuera necesario. Sin embargo, la práctica diaria está demostrando que algunos profesionales se amparan en un supuesto derecho general a la objeción para poner trabas al ejercicio real de estos derechos.

Varias asociaciones denuncian la "impunidad" de sanitarios objetores

Montero abogó por "discernir" mediante un debate social "sano" la posible colisión entre los derechos del ciudadano y los de los profesionales médicos. "Desde las opciones progresistas tenemos que definir bien esos límites sin crispación y sin ningún tipo de apasionamiento porque el consenso social es fundamental a la hora de plantear cualquier regulación normativa", afirmó Montero.

El encuentro de ayer estuvo organizado por varias asociaciones como Derecho a Morir Dignamente, la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública y Jueces para la Democracia. Los organizadores suscribieron un manifiesto muy en la línea con lo dicho por la consejera andaluza de Salud, aunque políticamente menos correcto, mediante el que piden al Gobierno que asegure el ejercicio efectivo de derechos reconocidos como la muerte digna o el aborto. "En nuestro país resulta efectivamente más garantizado el presunto derecho de la minoría, esto es, el de los profesionales a objetar, que el derecho fundamental de la mayoría (..) a recibir las prestaciones sanitarias recogidas en la cartera de servicios", afirma el texto.

Según estas asociaciones, en muchos hospitales públicos españoles se vive una situación de "absoluta impunidad" que ampara "cualquier objeción al cumplimiento de sus obligaciones". "Impedir el ejercicio real de derechos reconocidos en las leyes abusando de una posición de privilegio como la de los profesionales sanitarios es una forma indigna e ilegítima de vulnerar la ley", opinan los firmantes del manifiesto.