San Fernando gasta 60.000 euros para defenderse en el caso del desfalco

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) presumió ayer del informe encargado al bufete de abogados de Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo, que descarta cualquier responsabilidad política en el desfalco detectado en la caja municipal, donde desaparecieron 7,8 millones de euros. El Consistorio, gobernado por el PA, pagó 60.000 euros a este despacho para contrarrestar un informe anterior de la Cámara de Cuentas de Andalucía que había detectado deficiencias en el control del dinero público. "Está totalmente justificada esta inversión porque estaba en juego la imagen de este Ayuntamiento y de sus trabajadores, de una institución y de personas", defendió ayer el alcalde, el andalucista Manuel María de Bernardo.

Las investigaciones oficiales hablan de falta de control del dinero público

El bufete Muñoz Machado exime al Ayuntamiento de su responsabilidad

El robo se detectó el año pasado. Entonces fueron imputados los dos responsables directos de la caja municipal, los dos funcionarios que tenían acceso directo al dinero y que, según la investigación recogida en el sumario, pudieron falsificar documentos para ir sustrayendo cantidades durante varios años hasta alcanzar el total contabilizado. La falta de dinero fue detectada en una auditoría rutinaria encargada por la Cámara de Cuentas de Andalucía y denunciada por el Ayuntamiento, el interventor y la tesorera. Uno de los empleados detenidos, el principal sospechoso, sigue en prisión a la espera de que se finalice la instrucción y se fijen los cargos contra él.

Tanto los informes policiales como un informe posterior de la Cámara de Cuentas de los años 2002 a 2009 alertan de una falta de control del dinero público en San Fernando. El organismo fiscal fijaba en 2002 el inicio de las irregularidades, cuando aún era alcalde, el también andalucista Antonio Moreno. "El Ayuntamiento no ha ejercido un adecuado control sobre la caja en este período", concluía a grandes rasgos su estudio. El informe se presentó en mayo y no atendió las alegaciones del Ayuntamiento, que aseguró que este trabajo presentaba "un tufillo socialista".

Por este motivo, y ante la imposibilidad de recurrir legalmente el informe de la Cámara de Cuentas, el equipo de gobierno decidió contratar a un abogado externo para que revisase ese estudio. Sus conclusiones se presentaron ayer. "La falta de motivación y justificación de la mayoría de consideraciones de la Cámara convierte el trabajo del órgano fiscalizador en ineficaz e inválido", concluye el letrado pagado por el Ayuntamiento. "No se advierte, ni se destaca (...) ningún supuesto de infracción de ley con grave perjuicio para el interés público que hubiese justificado la realización del informe", añade. El abogado contradice algunas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas, que habían sido subsanadas por el Ayuntamiento, lamenta que en todo el informe no se haga ni una sola alusión a los dos trabajadores imputados. "Un buen gestor puede sufrir un robo" o "la entidad fiscalizada se ajusta a la práctica contable y presupuestaria", son otras dos frases recogidas a lo largo de este documento.

Manuel María de Bernardo se va a agarrar a este informe para defender su inocencia y arremeter contra el PSOE, que siempre ha exigido la asunción de responsabilidades políticas por el desfalco. También le ha servido al alcalde para arremeter duramente contra la Cámara de Cuentas, a la que acusa de haber manipulado los resultados de la investigación fiscalizadora. "¿Por qué este informe manipulado por la Cámara tiene un tufo político tan acusado? ¿Por qué se pretende usar un órgano de control de la administración como arma contra los adversarios políticos? ¿Por qué se usa la mentira para intentar acabar con la honorabilidad y el patrimonio". El alcalde anunció que su comparecencia ayer era solo el primer paso para la restitución de su imagen, aunque no quiso adelantar los siguientes.

Preguntado por si la cuantiosa inversión hecha para este informe estaba justificada, el alcalde no lo dudó. "Totalmente. Hay ayuntamientos que se gastan 40.000 euros en un concurso de dibujos. Nosotros hemos invertido 100.000 euros en alumbrado navideño. Y aquí está en juego nuestra imagen". El PSOE estudiaba ayer el informe. Los detalles de su análisis lo dará hoy pero ya ayer cuestionaba el contrato con una entidad privada, pagada con el dinero público, "con el único objetivo de ensalzar la imagen del alcalde como un supuesto buen gestor".