¿Derecho a ser oído?
Cada día que pasa se entiende menos el proceso que condujo a los representantes de la Iglesia católica en Cajasur a rechazar la operación de fusión con Unicaja y preferir que la entidad fuera intervenida por el Banco de España, que puso a continuación en marcha un protocolo de adjudicación de la entidad intervenida que acabaría en manos de la BBK. Por la información que vamos teniendo, parece que el resultado final de la operación será de un euro, que se repartirán entre las dos entidades fundadoras a razón de dos tercios para la "las obras benéficas del Excelentísimo Cabildo Catedral" y un tercio para la Diputación Provincial.
¿Cómo es posible que no se contemplara que ese iba a ser el resultado final de la intervención? ¿Cómo no se le ocurrió a nadie que, una vez que se renunciaba a la operación de fusión y se optaba por la intervención se perdía por completo el control de lo que pudiera suceder a partir de ese momento? En el momento en que nos encontrábamos, ¿podía alguien que estuviera en su sano juicio desconocer que el Banco de España no podría tomar una decisión que no consistiera en intentar recuperar el dinero que el FROB tuviera que aportar en el proceso de intervención y que los anteriores gestores de Cajasur se habían autoexcluido con su conducta de participar de cualquier manera que fuera en esa decisión?
A diferencia de la Diputación Provincial, que estuvo hasta el final a favor de la fusión con Unicaja, el Excelentísimo Cabildo Catedral se ha quedado fuera de poder participar en cualquier proceso sobre el futuro de lo que hasta ese momento había sido Cajasur porque quiso. Fue su opción, que no se entendió entonces y que, insisto, cada día que pasa se entiende menos.
Ahora parece que está reclamando que se respete su "derecho a ser oído" en la operación de liquidación de la caja antes de que se celebre la asamblea que votará la adquisición de la caja por BBK y que a través de dicho trámite de audiencia pretende que se valoren en 20 millones de euros los "intereses patrimoniales" de los que se considera portador como "entidad fundadora".
No acabo de entender muy bien cómo, después de haber actuado de la forma en que lo ha hecho, el "Excelentísimo Cabildo Catedral" considera que tiene un derecho a ser oído. Optar por la intervención suponía precisamente que se renunciaba a tal derecho. La Diputación Provincial todavía podría alegar que ella no estuvo de acuerdo con que no se siguiera con la operación de fusión con Unicaja y que se evitara la intervención por el Banco de España, pero en el caso del Cabildo eso no es posible. El Cabildo no ha sido despojado de ningún derecho. Es él mismo, de manera consciente y mediante un acto inequívoco, el que ha dejado que Cajasur se disolviera como entidad y que tuviera que ser el Estado a través del Banco de España y haciendo uso del dinero de los contribuyentes el que hiciera frente a una situación de insolvencia de la misma, generada precisamente por quienes habían sido sus gestores.
Cabe esperar que el Estado, esto es, el Banco de España se mantenga firme y que haga ver a la Iglesia que no puede tener recompensa de ningún tipo un comportamiento tan doblemente irresponsable como el que han tenido los miembros del Cabildo Catedral en el Consejo de Administración de Cajasur. Primero como gestores de una entidad a la que llevaron a la quiebra y después como obstaculizadores de una operación de fusión que hubiera evitado el coste de la intervención. En mi opinión, es en la exigencia de responsabilidades a los miembros de dicho Consejo de Administración y nada más que en eso en lo que se debería estar pensando.
