Último acto de un drama sin fin

Antonio Meño estuvo media hora presente en su juicio. Incapaz de comunicarse con palabras, al tercer grito mudo que soltó, dejando en un pudoroso silencio a jueces, abogados y público e interrumpiendo de nuevo la sesión, lo sacaron afuera, inmóvil, en su silla de ruedas. Después de 505 días postrado en una caseta que montaron sus padres en la calle para reclamar "justicia" públicamente, Meño, de 42 años, en coma desde los 21 por una operación de cirugía estética, fue trasladado ayer al Tribunal Supremo para estar en el último acto de su drama.

La corte celebró una vista oral para decidir si estima la demanda de revisión presentada por sus padres: un nuevo testigo afirma que hubo una negligencia en el quirófano de la clínica donde lo operaron, versión opuesta a la que ha venido prevaleciendo durante dos décadas de pleitos sobre el caso.

"La declaración del testigo es contundente", afirmó el fiscal

El enfermo salió, tras 505 días, de una caseta de madera en la calle

Meño solo mueve la cabeza y hace muecas con los ojos y la boca

La defensa advirtió de que "lo humano no puede pasar por encima de la ley"

El Supremo dictó una sentencia en 2008, respaldando otra anterior de la Audiencia Provincial, en la que absolvió a la clínica privada (Nuestra Señora de América), al anestesista (todo el proceso se ha centrado en una supuesta negligencia de este) y condenó a los padres de Meño a pagar 400.000 euros a los demandados por los gastos judiciales, embargando la casa que sus padres, dos fruteros jubilados, tienen en Móstoles. Poco después, la familia se instaló con su caseta en la plaza de Jacinto Benavente, a unos pasos de una sede del Ministerio de Justicia, cubriendo la chabola de pancartas reivindicativas.

Ahora, tras oír la declaración del nuevo testigo, el tribunal tiene dos opciones: una, rechazar el testimonio y ratificarse en su sentencia previa; otra, estimarlo, anular todo el proceso judicial y devolver el caso a un juzgado de primera instancia.Tres magistrados del Tribunal Supremo oyeron ayer durante más de cuatro horas las versiones del nuevo testigo y del anestesista -que tuvo que declarar otra vez-, además de los argumentos del abogado del hombre en coma y de los cuatro defensores de la parte demandada. El fiscal tomó la palabra al final: "La declaración del testigo es contundente. Habrá que llevarla a los órganos judiciales para que se valore con el resto de pruebas encima de la mesa". La decisión del tribunal se conocerá en breve.

La jornada del hombre en coma empezó a las nueve y media de la mañana, cuando sus padres, dos sexagenarios de Móstoles, lo sacaron en silla de ruedas de la chabola de madera y lonas de plástico donde protestan desde hace un año y cinco meses por lo que consideran una injusticia. Fuera esperaban cámaras de televisión, fotógrafos y redactores de prensa.

Antonio Meño, que quedó en coma hace 21 años durante una operación de cirugía estética, un simple retoque de nariz, salió ayer por primera vez de la caseta de madera y lonas de plástico que montaron sus padres hace 506 días en la plaza de Jacinto Benavente, a unos pasos de una sede del Ministerio de Justicia.

Paralizado en su silla de ruedas, con la luz de la mañana dándole en la cara, de color de cera, Meño empezó a dar gritos que parecían de dolor o de angustia. Es imposible conocer la razón de sus reacciones. Su cerebro se lesionó gravemente durante la operación y perdió la capacidad de hablar. Solamente mueve la cabeza y hace muecas con los ojos y la boca. También es capaz de agitar algo los brazos y las piernas.

Sus padres lo llevaron en furgoneta al Tribunal Supremo. En el trayecto continuó el sufrimiento de Meño con sus gritos guturales. Su madre, Juana Ortega (que no se ha movido de su lado desde que se quedó inerte hace 21 años, menos si cabe en los últimos 17 meses en la calle), le respondía con una severa ternura: "A ver si vas a ser un cobarde ahora. ¿No vas a aguantar en el último momento?", decía la mujer, de 64 años, de pie dentro del coche, encorvada contra el techo para no perderle la cara a su hijo ni un segundo.

Al llegar al Supremo, sobre las diez de la mañana, de nuevo los flashes de las cámaras. La expectación que ha creado el caso Meño generó un barullo inusual en el solemne edificio del alto tribunal. "¡Habéis visto el circo que se ha montado aquí!", le decía una empleada de la corte a sus compañeros en los pasillos.

La Sala Primera de lo Civil se llenó con más de 80 personas que asistieron a la vista oral (no era un juicio, sino un acto en el que los magistrados del Supremo escuchaba a las partes para ver si estiman la demanda de revisión -anulación de sentencias previas y reapertura del proceso judicial- de los padres de Meño).

El núcleo de la vista fue la declaración del médico que se encontró de manera casual, según su versión y la de la familia, a los Meño en la plaza de Jacinto Benavente. Ignacio Frade afirma que estuvo en el quirófano como aprendiz. Sostiene que durante la operación el tubo por el que respiraba el paciente se soltó de la máquina, sin que el anestesista, ocupado en una intervención simultánea, de acuerdo con la versión de Frade, volviese a la habitación hasta "cinco minutos" después.

La defensa de los demandados (cuatro letrados que protegen a la clínica, al anestesista y a sus dos aseguradoras) preguntó al testigo por qué no había hablado antes. "Yo imaginaba que [Meño] había muerto. Cuando lo vi en la calle me pareció tan espeluznante que decidí contar la verdad", respondió el médico.

Frade añadió que en un principio el cirujano de la operación, ya fallecido, le dijo que la familia había sido indemnizada y que el anestesista había cargado con la culpa. Eso dictó en 1993 la primera sentencia de un juzgado de lo penal; luego vinieron los recursos y el caso se volvió en contra de la familia Meño, condenada por el Supremo en 2008 a pagar los gastos judiciales.

El testimonio de Frade fue cuestionado con insistencia por los abogados defensores, que resaltaron que durante años de pleitos se han dictado sentencias dando por verdaderas las versiones de la clínica y el anestesista.

Pero su idea fuerza fue otra, más formal que relativa a los hechos: reivindicar que una sentencia en firme del Supremo, por ley, no tiene vuelta atrás, a excepción de unos supuestos "extraordinarios" que, según ellos, no se cumplen en este caso.

La demanda de revisión de la familia Meño se basa en una supuesta maquinación fraudulenta, esto es, que se ocultó en los juicios la existencia de Ignacio Frade. La contestación del abogado del anestesista fue estrictamente jurídica: "En su momento no pidieron que acudiesen a declarar los testigos de la operación, así que no se tapó nada".

Los Meño tuvieron otro abogado hasta la última sentencia del Supremo. Su nuevo abogado, Luis Bertelli, reconoció ayer que entonces no se pidió el testimonio de todos aquellos que estuvieron en el quirófano. Formalmente, de acuerdo con la interpretación de la defensa, no se ocultaron pruebas, pues tampoco se pidieron.

Los demás letrados se ciñe-ron a esta razón, aunque por momentos pasaron a advertir a los magistrados del Supremo sobre el peligro de los "sentimentalismos" o de que lo "humanitario" hiciese que se dejase de lado la "aplicación de la ley".

El fiscal tuvo la última palabra. Pidió con firmeza la reapertura del caso, "aún rompiendo el principio sagrado de la inquebrantabilidad de la sentencia en firme". La decisión quedó en manos de los tres magistrados del tribunal. En pocos días se conocerá el desenlace final del drama de Antonio Meño.