A la Cámara de Cuentas vas

Que la política se mueve por oleadas (que como vienen se van) es un hecho empíricamente comprobado. Cada vez que un partido cree haber descubierto un filón para desgastar al adversario, lo exprime hasta el hartazgo. En este momento, PSOE y PP han cogido a la Cámara de Cuentas como instrumento para canalizar su pugna permanente, y se han sumergido en una espiral endemoniada de peticiones de auditorías sobre las administraciones que gobierna el otro. De modo que, entre ambos y en el plazo de 48 horas, han pedido de una tacada que se fiscalicen las finanzas de los Ayuntamientos de las ocho capitales y las ocho Diputaciones, más Marbella, Dos Hermanas y Jerez.

Las solicitudes incluyen, además, todas las empresas públicas y organismos autónomos de los citados municipios, y en el amplio periodo que va desde el ejercicio de 2007 a 2009.

¿Y qué es lo que ha ocurrido para desembocar en este frenesí fiscalizador? La carrera arranca con la polémica sobre los cursos de formación de empleo de la empresa de la esposa del ex número dos del PSOE Rafael Velasco, que el PP quiere convertir en una trama organizada de nepotismo con fondos públicos. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, dijo en el pleno parlamentario del jueves pasado al líder de los populares, Javier Arenas, que si tenía alguna duda sobre la limpieza de estas subvenciones, él mismo estaba dispuesto a pedir a la Cámara de Cuentas una investigación exhaustiva.

El grupo popular registró la solicitud el viernes, y el Gobierno de la Junta acordó el martes en su reunión semanal hacer lo mismo hoy. Pero entremedio, el PSOE había requerido (el martes) al órgano fiscalizador que audite las cuentas integrales de los Ayuntamientos de Huelva, Málaga, Almería, Cádiz y Marbella, todos gobernados por el PP. La portavoz parlamentaria, Esperanza Oña, tildó ayer esta reacción de "pataleta infantil con rabia contenida", y anunció que su grupo pedirá que se examinen las cuentas de Sevilla, Jaén, Córdoba, Dos Hermanas y Jerez, junto con las ocho Diputaciones provinciales, regidas por el PSOE -Córdoba tiene alcaldía de IU, pero en coalición con el PSOE-. "¡Qué claridad vamos a tener en Andalucía!, va a dar gusto", ironizó Oña.

No obstante, la solicitud de informes específicos a la Cámara de Cuentas (a la que compete la vigilancia de los fondos públicos que se gestionan en Andalucía) no es garantía de que se abran los procedimientos y mucho menos en el corto plazo. La inclusión en el plan de actuaciones anual depende, según el reglamento, del acuerdo que alcance el pleno del órgano "en atención a la conveniencia de su realización y a la disponibilidad de medios". Igualmente, se pondera que las actuaciones afecten de forma equilibrada a todos los ámbitos del sector público andaluz. Suelen abordarse unos 30 informes al año.

Además del Parlamento, el Gobierno y las corporaciones locales pueden pedir auditorías, pero se tramitan a través de la Comisión de Economía parlamentaria.

Anualmente se hacen informes de los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y del sector público local (el resto de municipios). Llevan su tiempo: los últimos son de 2007. Es probable que cuando llegue el turno de lo que ahora se solicita, si es que se aprueba, el interés de PSOE y PP por fiscalizarse -y la dinámica que Oña tacha de infantil de a la Cámara de Cuentas vas- haya desaparecido en una de esas oleadas que mueven a la política.