El juez del 'caso Astapa' investiga inversiones en Suiza y Belice

Las investigaciones del caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) cruzan nuevas fronteras. La Policía investiga si los principales imputados o sus familiares poseen patrimonio o activos financieros en paraísos fiscales como Suiza o el Estado caribeño de Belice. Durante la instrucción se han cursado comisiones rogatorias internacionales a Marruecos o Andorra con el mismo fin.

Entre los investigados se encuentran el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, su jefe de gabinete José Flores, los ediles del PES (antiguos gilistas) Manuel Reina y José Ignacio Crespo o el concejal expulsado del PSOE Francisco Zamorano, entre otros.

El 10 de marzo, el grupo 25 de la Brigada de blanqueo de capitales del Cuerpo Nacional de Policía pidió que se autorizaran nuevas pesquisas. Según los agentes, la documentación intervenida apunta que algunos imputados tienen inversiones en países latinoamericanos, EEUU o Suiza.

Listado de tarifas

Entre ellos citan al abogado Daniel Delgado, que hacía de enlace entre el Ayuntamiento esteponero y la promotora Valle Romano. En un despacho de Bilbao vinculado a Delgado, la Policía halló un listado con los precios para constituir sociedades en paraísos fiscales como Panamá, Belice, Bahamas o Delaware (EEUU), además de correos electrónicos en los que Bruno Varela, con antecedentes por blanqueo de capitales, sugería a Delgado que constituyera una sociedad en Estados Unidos con una cuenta asociada en Suiza.

Delgado fue detenido en junio de 2008, durante la primera fase del caso Astapa, acusado de tráfico de influencias, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, entre otros. Quedó en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros.

La madre y el hermano del ex gerente de urbanismo Pedro López, imputados por blanqueo de capitales el pasado febrero, también figuran como representantes de una sociedad constituida en Belice que posee 10,2 millones de euros en un banco de Andorra.

El dinero, bloqueado por orden judicial, viajó de una cuenta a otra mediante numerosas operaciones de efectivo entre abril y mayo de 2008. La Policía quiere que los empleados de los bancos andorranos hagan reconocimientos fotográficos para saber quiénes hicieron los movimientos.