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Las solicitudes de salario social vuelven a superar las previsiones

La Junta ha otorgado este año un 20% más de estas ayudas que en 2009

Reyes Rincón

La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social ya ha tenido que ampliar el presupuesto que previó a principios de año para el salario social, la ayuda económica que concede la Junta a familias sin recursos. A pesar de que el año partió con una previsión un 55% más elevada que la del año anterior, el departamento que dirige Micaela Navarro ha incrementado ya en 2,3 millones la partida inicial, de 61,6 millones de euros. Ya se ha gastado el 90% de esa cantidad y la Junta estima que a final de año se gastarán 63,9 millones.

El ingreso mínimo de solidaridad o salario social se concede durante un máximo de seis meses a familias que no disponen de más recursos. Su cuantía mínima es de 392,65 euros -el 62% del Iprem, el antiguo salario mínimo interprofesional- y se va incrementando un 8% por cada miembro de la unidad familiar, hasta un máximo de 633,3 euros (para familias de seis o más miembros).

En lo que va de año, se han concedido 24.837 ayudas, un 18,6% más que en el mismo periodo del año pasado (a fecha de 23 de octubre). El incremento es aún más llamativo si se tiene en cuenta que las concesiones de esta ayuda en 2009 superaron en más de un 30% la de años anteriores, lo que obligó a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social a incrementar en 21 millones de euros el dinero presupuestado para esta prestación (el año acabó con un gasto de 62,3 millones, frente a los 41,3 previstos al inicio).

A las ayudas concedidas hay que sumar las que se han solicitado pero la Administración ha desestimado o aún no ha terminado de tramitar. Entre el 1 de enero y el 22 de octubre, la Junta ha registrado 34.080 peticiones para acceder al salario social. También son más que las solicitudes que habían llegado el año pasado por estas fechas, 32.615.

En lo que va de año, Bienestar Social ha rechazado 3.565 solicitudes que no cumplían alguno de los requisitos exigidos para recibir la prestación: que se trate de unidades familiares estables constituidas como mínimo hace un año, que todos sus miembros estén empadronados en Andalucía y en un mismo domicilio y que dispongan de unos recursos mensuales inferiores a la cuantía del ingreso mínimo de solidaridad.

Esta ayuda se concedió por primera vez en 1991 y los dos últimos ejercicios han sido, con mucho, los que mayor demanda ha registrado y más prestaciones se han concedido. El primer año del programa, se estimaron 7.653. La cifra se mantuvo en una horquilla de entre 6.700 y 10.600 hasta el año 2000, cuando se estimaron 15.962. Fue incrementándose poco a poco hasta estabilizarse en alrededor de 18.000 ayudas concedidas (18.392 en el año 2008), una cifra que queda muy lejos de las de los dos últimos años. Entre el 1 de enero y el 23 de octubre de 2008, Bienestar Social había estimado 15.616 solicitudes, 9.221 menos que en el mismo periodo de este año.

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La previsión de la Consejería para 2011 no es mucho más optimista, a la vista del proyecto de presupuesto presentado la semana pasada. El departamento de Navarro ha reservado 61.62 millones para el pago de salarios sociales, una ayuda que se prevé que llegue a 27.198 familias. El proyecto de renta básica, que llegó a aprobarse en el Consejo de Gobierno en 2007 y que sustituirá al actual salario social, se ha quedado enquistado en medio de la crisis económica.

Las cifras

- El ingreso mínimo de solidaridad es la ayuda que concede la Junta a familias sin recursos. Se otorga durante un máximo de seis meses y el importe oscila entre 392.65 y 633,3 euros.

- La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social registró entre el 1 de enero y el 22 de octubre de 2009 32.615 solicitudes para recibir el salario social. En 2010, han sido 34.080.

- En los 10 primeros meses de este año, la Junta ha concedido el ingreso mínimo de solidaridad a 24.837 familias. Por estas mismas fechas de 2009 se habían otorgado 20.934 ayudas

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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