Una nueva ley electoral

Desde hace unas semanas el presidente de la Generalitat acompaña sus intervenciones públicas con referencias a la conveniencia de cambiar la ley electoral valenciana. Según ha razonado Francisco Camps, la actual ley electoral provoca cierto desapego entre ciudadanos y políticos, debido a que los diputados se deben más a sus partidos, que los incluyen en las listas, que a los electores. Tiene toda la razón al señalarlo. La solución que ha esbozado, o al menos ésa es la que mencionó en el Debate de Política General, sería el cambio a un modelo parecido al inglés, al francés o al vigente en los Estados Unidos, donde los diputados son elegidos en circunscripciones electorales uninominales. Como es evidente, esta propuesta dista de ser neutra respecto de los resultados electorales previsibles en nuestro país. Si de verdad Camps cree bueno cambiar el sistema debería proponer una alternativa menos claramente favorable a su partido.

Además, una nueva ley electoral así diseñada, si bien es cierto que incrementaría el grado de responsabilidad de los diputados para con los ciudadanos (cada uno de nosotros tendríamos "nuestro diputado", que habría de rendir cuentas de una manera más directa de lo que ahora es habitual), también potenciaría las mayorías absolutas y el bipartidismo. Lo cual, aun teniendo como efecto positivo, sin duda, facilitar la gobernabilidad, tiene como contrapartida limitar el pluralismo y la efectiva representación del amplio abanico de ideas políticas que en realidad alberga toda sociedad.

Es obvio que las dificultades para lograr una óptima gobernabilidad o la excesiva atomización de nuestro modelo de partidos no son, a día de hoy, problemas de nuestro sistema político. En cambio, somos bastantes los que a lo largo de estas décadas de democracia autonómica hemos votado alguna vez a partidos que, a pesar de haber obtenido un número de votos apreciable, han quedado excluidos por la aplicación de las reglas electorales. Sería mucho mejor diseñar un sistema que permitiera esa mayor ligazón entre representantes y representados pero que, a la vez, no penalizara el pluralismo ideológico.

Dado que elegimos un número elevado de diputados autonómicos (99) es posible establecer este modelo mixto. Así, una cincuentena de ellos podría ser elegidos por un sistema como el que propone Camps, con circunscripciones uninominales que comprenderían unos 100.000 ciudadanos cada una. Las ciudades de más de 100.000 habitantes y las comarcas podrían ser la base para el cómputo. Por ejemplo, la ciudad de Alicante se dividiría en tres zonas, cada una de las cuales elegiría un diputado; Castellón y Elche en dos; Valencia en ocho; mientras que Torrevieja sería una única circunscripción. Comarcas como Els Ports o L'Alcoià elegirían un diputado; otras como La Marina Alta, L'Horta Nord o La Safor, dos... y así con cada una de ellas. El resto, unos cuarenta diputados, podrían ser elegidos en una única lista de ámbito autonómico, con un reparto proporcional que garantizaría que un partido con un 2,5%-3% de los votos en todo el territorio tuviera, al menos, un diputado. Así lograríamos, a la vez, una mejor representación de la diversidad y un sistema que fomentara el contacto entre elegidos y ciudadanos sin, por lo demás, previsiblemente, poner en riesgo la gobernabilidad.