El Poder Judicial aprueba un seguro de 450.000 euros para pagar fianzas de jueces

El Consejo General del Poder Judicial dio ayer luz verde, con los votos de la mayoría del sector conservador y de la vocal progresista Margarita Robles, a la contratación de un seguro que cuesta 450.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil en que incurran los jueces. El seguro incluye el pago de las multas fruto de un proceso penal (por ejemplo, por un delito de prevaricación) y fianzas que eventualmente se les puedan imponer para eludir la cárcel por delitos dolosos.

Fuentes del sector progresista consideran un "escándalo" que el Poder Judicial pague con dinero público una cantidad de esa magnitud para afrontar responsabilidades que exceden del ámbito civil y se adentran en el penal. A este desembolso de 450.000 euros cabe sumar otros 236.000 que ha destinado también el Consejo para sufragar una campaña institucional que busca "acercar el trabajo de los jueces a la sociedad", según la definición del propio Consejo.

El presidente Dívar y la progresista Robles apoyaron la propuesta

El polémico seguro implica que si, por ejemplo, un juez comete un delito y un colega dicta contra él una medida de prisión eludible bajo fianza, la aseguradora se hará cargo de esa fianza, así como de eventuales multas. Varias compañías han presentado ofertas para asumir este seguro, pero aún no se han abierto las plicas, señalan las citadas fuentes, indignadas con una decisión que supone pagar con dinero público prerrogativas de las que no goza casi ningún ciudadano, "y más aún tratándose, no ya de equivocaciones, sino de delitos dolosos".

La contratación de este seguro desató ayer fuertes tensiones en el seno del pleno. El vocal progresista José Manuel Gómez Benítez no solo rechazó aprobarlo, sino que fue quien forzó que el pleno de ayer revisase este asunto y se volviera a votar. En un pleno anterior, celebrado el 3 de julio, el Consejo aprobó la constitución de un seguro de responsabilidad civil para jueces, pero a la hora de concretarlo se hicieron constar más riesgos de los aprobados inicialmente. Gómez Benítez no asistió en la sesión en la que se dio luz verde a esta póliza porque estaba de baja médica. Cuando posteriormente estudió el tema y comprobó la cantidad asignada y las prerrogativas añadidas como riesgos cubiertos, se opuso tajantemente. Y, mediante un escrito, forzó que este tema fuese revisado en el pleno de ayer. Su propuesta no prosperó, ya que nueve vocales votaron a favor del seguro con esas condiciones, cuota anual y riesgos, y solo siete de los nueve vocales progresistas se pronunciaron en contra. Para revocar la contratación del seguro era preciso reunir al menos 11 votos, mayoría simple, que fue la que en su día le dio luz verde.

Aunque en este tema hubo cinco abstenciones, a favor del seguro votaron el presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar; el vicepresidente, Fernando de Rosa, y los también vocales conservadores Manuel Almenar y Gemma Gallego, entre otros. Y a ellos se unió, como viene siendo habitual, la progresista Margarita Robles.

Junto a un grupo de vocales afines (Félix Azón o Inmaculada Montalbán, entre otros), Robles mantiene un pacto no escrito con el sector conservador para entre todos reunir los 13 votos necesarios para repartirse los nombramientos de los altos cargos judiciales. El progresista Gómez Benítez también ha denunciado en más de una ocasión públicamente esta práctica de reparto.