La fachada del edificio de la Gran Vía será protegida y pasará una revisión

La comunidad de propietarios y el administrador del inmueble número 56 de la Gran Vía bilbaína, del que el lunes se desprendió un trozo de balcón que mató a Ana Isabel A.B., de 31 años y vecina de Galdakao cuando transitaba por la calle, decidieron ayer, tras reunirse con técnicos municipales, colocar una visera de protección a lo largo del perímetro del edificio, que permita asegurar sus tres fachadas y evitar nuevos desprendimientos. Aunque la contratación de ese equipamiento correrá a cargo de la comunidad de propietarios, el Ayuntamiento bilbaíno podría colaborar de forma subsidiaria si los residentes no contasen con los recursos económicos precisos.

Pese a que, tal y como sostiene la Ertzaintza, todos los indicios apuntan a un accidente, la comunidad contratará una revisión exhaustiva de la fachada por parte de un técnico independiente con el objetivo de saber qué ocurrió exactamente, cuál es su estado y si es preciso ejecutar algún tipo de actuación de rehabilitación complementaria. El Ayuntamiento acordó asesorar a los vecinos para contratar dicha revisión. Los técnicos del área municipal de Urbanismo y Medio Ambiente realizaron también una revisión preliminar a primera hora de la mañana.

El Ayuntamiento no tiene constancia de denuncias previas por desperfectos

A fin de garantizar la seguridad de la vía pública, el Ayuntamiento ordenó a la Policía municipal que mantenga el vallado de la acera, habilitado nada más producirse el accidente, del tramo de la Gran Vía entre Máximo Aguirre y una conocida cafetería. Para permitir el paso de transeúntes por la zona mientras la acera permanece acordonada, se ha cortado el carril de circulación paralelo al inmueble y se ha desviado por el mismo el tráfico peatonal.

Una vez desalojada la calle de peatones y protegida la zona de actuación, los bomberos sanearon ayer la fachada, retirando todos los cascotes que pudiesen estar sueltos y con riesgo de desprenderse y caer a la vía.

Fuentes de la concejalía de Urbanismo resaltaron que la conservación del inmueble corresponde a la comunidad de propietarios. El Ayuntamiento no tiene constancia de "ningún tipo de denuncia ni antecedentes" de desperfectos en el edificio, de unos 48 años. Hasta el medio siglo la ley no obliga a realizar este tipo de revisiones.

Iñaki Pérez, presidente del Colegio de Aparejadores de Vizcaya, aseguró ayer a EL PAÍS que, pese a no incumplirse la ley, sí existe una responsabilidad "total y absoluta" por parte de los propietarios, "independiente de que el edificio tenga uno o 50 años. El mantenimiento y explotación sigue correspondiéndoles".

Pérez añadió que estos desprendimientos resultan habituales, pero sin estas dramáticas consecuencias y se quejó por la falta de inspecciones en edificios que tienen más de 50 años. "No hay mecanismos de control por las Administraciones, y es lo que venimos reclamando insistentemente", apostilló.

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, lamentó el desgraciado suceso, que ha "truncado tan joven la vida de una persona". Al inicio del pleno municipal celebrado ayer recordó que no era la primera vez que ocurren unos hechos de estas características. En 1999, un hombre de 61 años falleció en la plaza Moyúa al caerle encima un ornamento del edificio de la Hacienda estatal.

Con todo, Azkuna aconsejó a a las comunidades de propietarios que "deberían tener cuidado". Al finalizar la sesión plenaria, el primer edil mostró nuevamente la solidaridad de los corporativos con la familia de la fallecida, que pidió ayer que se respete su dolor. Si bien agradeció las condolencias y muestras de solidaridad recibidas desde la noche del lunes, la familia reclamó que se respete su decisión de no realizar declaraciones públicas. Los vecinos del inmueble tampoco quisieron comentar lo sucedido.