Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La fiscalía reclama 400 millones a 36 acusados de lavar dinero de narcos

La Audiencia de Pontevedra celebrará el mayor juicio por blanqueo de Galicia

El juzgado número 2 de Caldas ha tardado seis años en terminar la instrucción del mayor proceso por blanqueo en Galicia, que investiga la operación de camuflaje del patrimonio de José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, de 50 años, condenado a 14 de prisión por narcotráfico a finales de los noventa. Son 36 acusados para los que la fiscalía reclama 186 años de prisión y multas que sumadas superan los 400 millones de euros.

Pelopincho utilizó a más de una treintena de cómplices, según la investigación, para que se hiciesen pasar por los propietarios de 50 inmuebles -entre bajos comerciales, chalés y pisos- adquiridos en Pontevedra, A Coruña y Asturias. A ellos se suman 10 sociedades mercantiles, una flota de 35 vehículos y 900.00 euros en depósitos bancarios. La Audiencia Provincial de Pontevedra deberá ahora decidir si refrenda la petición del fiscal, que pide seis años de cárcel por un delito continuado de blanqueo de capitales y una multa de 46,5 millones de euros para Pouso Rivas.

En el juicio estará ausente uno de los personajes que el sumario considera claves en el entramado financiero de Pelopincho. Se trata de Manuel Franco Argibay, de 47 años, antiguo abogado del principal encausado y en busca y captura desde 2006, año en que huyó tras pagar dos millones de euros de fianza. Argibay, que también fue presidente y asesor jurídico del Pontevedra CF, creó varias sociedades que utilizó, según la Fiscalía de Delitos Económicos, para registrar fincas por un valor cercano a los cuatro millones de euros. También ingresó en un banco portugués a nombre de dos de sus hijos menores de edad 1,2 millones de euros que Pouso le había entregado para que los ocultase en un paraíso fiscal. El fiscal pide para el ausente seis años de cárcel y 11,9 millones en multas.

La misma pena que pide para Pouso la solicita la fiscalía para su hombre de confianza, Benito Suárez Bouzón, encargado de gestionar la compra de inmuebles. Ocho de ellos -situados en Pontecesures, Padrón, Valga y Boiro con un valor sumado de 50.000 euros- figuraban a nombre de Tereisinha de Jesús Carvalho, para quien el ministerio público pide más de cinco años de cárcel, los mismos que para Lidia Niele Maia Costa, Taisa Dasilva y Gloria Milena Salazar, compañera de Benito Suárez, las cuatro también con numeroso patrimonio a su nombre.

El resto de los acusados, muchos de ellos familiares del principal acusado, afrontan penas de hasta cinco años.

José Antonio Pouso Rivas, de 50 años, más conocido en los ambientes del narcotráfico como Pelopincho, era un traficante de poca monta cuando el negocio de los estupefacientes atravesaba la época de las vacas gordas. A finales de los noventa fue condenado por narcotráfico a 14 años de cárcel y para entonces ya había creado una extensa red para ocultar las importantes cantidades de dinero que manejaba, tanto que ya se encuentra entre las cinco grandes fortunas intervenidas por la justicia, después de los Charlines, los Oubiña, los Culebras o los Pasteleros.

Una investigación dirigida por el juzgado número 2 de Caldas puso al descubierto su inmenso patrimonio, blanqueado a través de inmuebles, inversiones y sociedades. El ideólogo de estas operaciones fue el que entonces era su abogado, Manuel Franco Argibay, al que busca la Interpol desde 2006, pocos meses después de que abandonara la cárcel tras abonar una fianza de dos millones de euros.

Tras seis años devanando la madeja, el juzgado de Caldas está ahora a punto de remitir a la Audiencia de Pontevedra este sumario, el mayor que se ha instruido en Galicia por blanqueo de dinero, para que señale la apertura del juicio. Con bienes embargados por valor de 12 millones de euros, el proceso se dirige contra 36 imputados para los que la fiscalía solicita 186 años de prisión y multas que superan los 400 millones de euros.

Pouso Rivas utilizó presuntamente a 35 personas para que simularan ser los titulares de 50 inmuebles (pisos, chalés y bajos comerciales) que compró en localidades de Pontevedra y A Coruña, incluso en Asturias. Creó 10 sociedades mercantiles y abrió depósitos bancarios que en el momento de ser intervenidos superaban los 900.000 euros, además de haber adquirido una auténtica flota de vehículos, más 35 al día de su detención.

Tras la redada policial, se requisaron 1,8 millones de euros en metálico, 5.500 euros estaban en poder de Pouso Rivas en el momento de ser arrestado. Pelopincho se enfrenta a una condena de seis años de prisión por delito continuado de blanqueo y multa de 46,5 millones de euros, además del embargo de sus bienes.

La misma condena pide el ministerio fiscal para Benito Suárez Bouzón, el hombre de confianza de Pouso en el tráfico de drogas y lavado de dinero. Suárez supuestamente gestionó la compra de inmuebles y las inversiones en la entidad Arte y Naturaleza Gespart cuyas titulares eran mujeres extranjeras, presuntas compañeras sentimentales de ambos.

La brasileña Teresinha de Jesús Carvalho, era propietaria de hasta ocho inmuebles o fincas en Pontecesures, Padrón, Valga y Boiro, por valor de medio millón de euros, además de tener a su nombre cinco locales comerciales en un centro de Vilagarcía. El fiscal pide para ella más de cinco años de cárcel al igual que para otras tres extranjeras que también figuraban como titulares de numeroso patrimonio: Lidia Niele Maia Costa, Taisa Dasilva y Gloria Milena Salazar, compañera de Benito Suárez. El resto de los acusados, entre los que hay numerosos familiares, se enfrentan a penas de entre cuatro y cinco años y medio de prisión.

Un abogado desaparecido

Manuel Franco Argibay, de 47 años, es una pieza fundamental en todo este entramado financiero que se creó en torno al narcotráfico, tanto que su desaparición ha sido el motivo de que el proceso se haya alargado más de lo que se esperaba.

La Fiscalía de Delitos Económicos ha emplazado a varias sociedades, en realidad fantasmas, que había constituido Argibay para registrar fincas por valor de 3,9 millones de euros cuyos trámites para decretar el embargo han retrasado el juicio. Empresas como Galidisney, SL, Galifurca, SL o Eurocergal, SL aparecen como propietarias del patrimonio inmobiliario del letrado pontevedrés cuyo paradero se ignora.

Antes de esfumarse, Franco Argibay retiró 1,2 millones de euros que su cliente José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, le había entregado para que los colocara en diversos paraísos fiscales. El abogado los ingresó en un banco portugués de Valença a nombre de varios familiares, entre ellos dos de sus hijos, menores de edad.

El que fuera presidente y asesor jurídico del Pontevedra CF se enfrenta en rebeldía a 6 años de cárcel y 11,9 millones de euros en multas. Su meteórica carrera empezó a aterrizar cuando en 2003 unos clientes le denunciaron por estafa y otros por falsificación de documento público, por lo que fue objeto de todo tipo de especulaciones ante el sorprendente tren de vida que llevaba.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de octubre de 2010

Más información