Los éxitos de la justicia

El debate se suscita entre la crítica a la evolución, o "involución", del papel de la jurisdicción para resolver los conflictos sociales y garantizar los derechos fundamentales y no fundamentales; y otra postura más optimista, que considera meramente mejorable la situación que hoy en día presenta el sistema jurisdiccional español. Como siempre, nos hallamos ante un problema de enfoque, que viene fuertemente predeterminado por la ideología desde la que se plantea el análisis. Así, desde una perspectiva crítica, avances como que tengamos cámaras de grabación en las salas de los tribunales gallegos -algo que en el siglo pasado ya tenían la mayor parte de países primermundistas- no pasan de ser meramente anecdóticos.

En un Estado de derecho, los términos jurisdicción y poder judicial suelen utilizarse indistintamente cuando nos referimos a la función del Estado destinada a administrar justicia. Pero sólo después de hechos significados como los que tuvieron por protagonista al juez Tirado y a las huelgas de jueces, se ha conseguido algo de concienciación ciudadana y de exigencia a un servicio público -la justicia- que desde siempre ha sido víctima del fenómeno de huida y desprestigio de lo público. En este sentido, lo que interesa es el control del podercillo judicial, su acentuada jibarización y su mantenimiento en un nivel de servicio pésimo, que desincentive cualquier esperanza de los ciudadanos en obtener una tutela judicial rápida y eficaz en un entorno en el que la mayor litigiosidad no es sino un emblema de la injusticia social y de la creciente exigencia ciudadana por los derechos, dentro del que también, por desgracia, el pleitista tiene su hábitat natural.

En la nueva oficina judicial, panacea para el caos, se produce el fenómeno de la atomización competencial, de forma que hasta tres administraciones -Xunta de Galicia, ministerio y CGPJ- son incapaces de ponerse de acuerdo en un sistema informático homologado, útil y compatible para poder ordenar informáticamente los "manifiestamente mejorables" resultados del servicio judicial en Galicia.

En España, se siguen haciendo leyes sin estudios de impacto en la planta judicial y los gobernantes de turno se apuntan al carro del "Montesquieu ha muerto!", parangón judicial del exabrupto "muera la inteligencia!", que le espetó Millán Astray a Unamuno. Hay un control muy deficiente y difuso sobre el personal de la oficina, existe una notable sobrecarga de trabajo, la respuesta sigue siendo todavía más lenta cuando el demandado es la Administración, y ya nos acostumbramos a ver a jueces que cantan sus dramas particulares por medio de manifiestos.

Para el ministro Caamaño desde que él llegó al cargo todo es un éxito, un gran éxito, para la justicia española, y ahora quiere cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no sin intentar que a cada paso que se da camino de la modernidad, la separación de poderes se hunda un poco más en la tumba del citado Barón de Secondat. Porque eso sí, qué duda cabe que la instrucción para fiscales jerárquicamente dependientes del Ejecutivo en temas de cohecho, malversación, tráfico de influencias..., es un paradigma de modernidad democrática y de independencia, eso sí, apoyada en el único, sólido y gran argumento de que en todos los países de nuestro entorno la instrucción la lleva el fiscal.

Pero, ¡aquí se gasta mucho en justicia!, dirá indignado el conselleiro Rueda. En efecto, así es. No obstante nadie controla la calidad y eficiencia del gasto, y como en tantas otras cosas en este país, lo que en realidad se hace es malgastar. El control de la justicia gratuita (la de los gallegos menos pudientes) es nulo. Sólo se controla si se tiene acceso o no, pero no si se presta con suficiente calidad. Los datos hablan solos. ¿Quién no ha visto las estelares intervenciones letradas en los juicios rápidos a 350 euros/conformidad? Aunque me consta el interés de Núñez Feijóo por los problemas de la justicia, ¿alguien le ha explicado al presidente de la Xunta con qué éxito fue acogida la singularidad territorial de Galicia en los estudios del ministerio para la nueva demarcación judicial?

Alfonso Villagómez es magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia