Demasiadas barreras a la puerta de casa

Discapacitados o ancianos que llevan años sin salir de casa porque no pueden subir ni bajar las escaleras; mayores con escasos recursos que viven en un bloque de ocho o nueve plantas en el que el ascensor hace meses que no funciona, pero los vecinos más jóvenes no quieren pagar para arreglarlo; un trabajador que se quedó parapléjico en un accidente laboral y no puede volver a su casa tras salir del hospital porque vive en un tercero y solo hay escaleras. La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recibe cada año decenas de quejas de personas a los que la falta de esta instalación les supone, cuando menos, una merma en su calidad de vida. Y en muchos casos, según José Chamizo, la situación "reviste tintes dramáticos".

Para poner cifras al problema y buscar soluciones, el defensor entregó ayer a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Fuensanta Coves, el informe especial El parque residencial sin ascensor en Andalucía: una apuesta por la accesibilidad. Según el estudio, más de la mitad de las viviendas (el 50,29%) ubicadas en edificios de tres o más plantas no tienen ascensor. Esto supone que un total de 580.761 casas se encuentran en esta situación. Teniendo en cuenta que el promedio de ocupación de las viviendas en Andalucía es de 3,04 personas, más de 1,7 millones de andaluces viven en inmuebles de estas características, según los datos aportados por Chamizo.

La situación de la comunidad es peor que en la media de España, donde el porcentaje de viviendas ubicadas en bloques de tres o más plantas que no tienen ascensor (44,43%) es inferior al de las que están en edificios que sí disponen de él (55,08%). El Gobierno autonómico aprobó en julio de 2009 un decreto que obliga a que todos los edificios nuevos de tres o más plantas dispongan de ascensor. Pero el problema está en los edificios ya existentes. La norma contempla la obligación de instalar esta infraestructura antes de 2019. Pero, si no se incrementan y se agilizan las ayudas públicas existentes ahora, este objetivo va a ser "sencillamente, imposible de cumplir", advirtió el defensor, porque alrededor del 10% de la población afectada por este problema carece de recursos económicos para afrontar el coste de la obra.

La mejora de las subvenciones públicas y del marco jurídico actual acaparan la mayoría de las sugerencias y recomendaciones a las administraciones públicas que recoge el informe. Chamizo hizo ayer especial hincapié en la necesidad de modificar algunas normas, empezando por la Ley de Propiedad Horizontal, que condiciona la instalación del ascensor al voto favorable de la mayoría de los vecinos. El defensor ha recomendado a la Junta que modifique la norma para que un residente discapacitado tenga el derecho de exigir la instalación del ascensor y, siempre que sea posible, con cargo a la comunidad de propietarios, para lo que recomienda otorgar a este tipo de obras la naturaleza jurídica de "obra necesaria".

Chamizo recomienda también a la FAMP elaborar una ordenanza tipo de la regulación de estas obras y pide a los Ayuntamientos que aprueben ordenanzas que recojan las condiciones en las que se puedan realizar estas instalaciones.