Guardias civiles se enfrentan a penas de cárcel por torturas a dos etarras

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa juzgará desde hoy a una quincena de guardias civiles que están acusados de cometer presuntas torturas y causar lesiones durante la detención y posterior custodia a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, condenados a 1.040 años de cárcel por perpetrar el atentado contra la T-4 de Barajas, en el que murieron dos personas. El fiscal, que no ve indicios de delito en cinco de los procesados, solicita penas de entre dos y tres años de prisión para cuatro de los guardias y acusa a los seis restantes responsables de cometer faltas de lesiones. El juez que ha instruido el caso considera en un auto que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de torturas.

Los dos terroristas fueron condenados a 1.040 años de cárcel por volar la T-4

El juicio ha levantado mucha expectación por el impacto que causaron las fotografías de Portu ingresado en el hospital con evidencias de contusiones en varias partes de su cuerpo. La izquierda abertzale que no condena los crímenes de ETA ha aprovechado este caso para subir el volumen de su altavoz y cargar contra el trato que ofrecen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las comisarías a los etarras detenidos. El Ministerio del Interior atribuyó las lesiones a los forcejeos que se produjeron durante el arresto de los dos terroristas. La defensa de todos los agentes procesados participa de esta misma tesis.

La sombra de los posibles malos tratos a los activistas de ETA pierde credibilidad desde el momento en que, todos ellos, siguiendo a pies juntillas una instrucción de la organización terrorista, denuncian de forma sistemática haber sido víctimas de torturas durante su estancia en dependencias policiales. De hecho, el juez instructor de este caso hace constar el hallazgo de un archivo informático localizado en el ordenador de Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, cuyo contenido desveló la existencia de un manual ("Haciendo frente a la detención"), difundido por la dirección de ETA entre sus militantes, en el que "se imparten órdenes expresas" para "denunciar siempre torturas y nunca ratificarse ante el juez", lo que para la autoridad judicial constituye un "contra-indicio" de la verosimilitud de las denuncias de torturas.

Portu y Sarasola fueron detenidos el 6 de enero de 2008 en Mondragón por una dotación de la Guardia Civil. Tras identificarles y revisar sus pertenencias, encontraron dos revólveres de la marca Smith & Wesson y 50 cartuchos, por lo que fueron arrestados y engrilletados.

El escrito de la fiscalía relata que ambos fueron introducidos en vehículos oficiales y golpeados por los agentes que les custodiaban. Siempre esposados a la espalda, fueron conducidos por separado a un paraje no determinado, donde recibieron puñetazos y patadas, además de recibir amenazas de muerte. A Sarasola le arrojaron esposado por una ladera y le colocaron una pistola en la sien mientras le decían que le iban a arrojar al río Bidasoa como le "había ocurrido a Zabalza", el presunto miembro de ETA que, según papeles del Cesid, resultó muerto por torturas en el cuartel de Intxaurrondo y su cuerpo apareció en el mencionado río. El fiscal refiere que "posiblemente" los guardias civiles actuaron "conmocionados" por el asesinato a cargo de ETA de dos miembros del instituto armado que se había cometido dos semanas antes en la localidad francesa de Capbreton.

Los detenidos fueron trasladados al cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián, y de allí, siempre por separado, fueron conducidos a presenciar el registro de sus domicilios, ambos en el municipio navarro de Lesaka. El Ministerio público asegura en su escrito de acusación que Portu fue llevado seguidamente, en medio de golpes, a la clínica forense para ser examinado y luego ingresó en la UCI del Hospital Donostia, donde permaneció tres días "debido a la gravedad de sus lesiones". Los informes médicos revelan que Portu padeció un traumatismo torácico con la ruptura de tres costillas, neumotórax izquierdo con colapso parcial del pulmón y derrame pleural. El fiscal indica que estas lesiones pusieron su vida en "una situación de riesgo".

Por su parte, Sarasola, que también recibió golpes y sufrió numerosos hematomas y escoriaciones detallados por el fiscal, fue trasladado desde Intxaurrondo hasta Madrid en un vehículo oficial por tres agentes, "quienes le propinaron puñetazos y tortazos". El fiscal considera que los malos tratos se dieron, en ambos casos, durante los traslados de los detenidos, por lo que descarta que las sevicias fuesen utilizadas para arrancarles una confesión sobre el atentado de la T-4, que dio al traste con el proceso de paz abierto en diciembre de 2006.

La acusación particular, que ejercen Portu y Sarasola, imputa a los quince guardias un delito de tortura en su modalidad agravada, entre otros delitos y faltas, por los que solicita condenas que van de 6 a 17 años de reclusión.