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Tribuna:La firma invitada | Laboratorio de ideas

Inversión pública y crecimiento regional

La inversión presupuestada por el Gobierno de España en el proyecto presentado hace unos días al Congreso tiene una llamativa singularidad: por primera vez en muchos años la apuesta inversora se concentra en infraestructuras que buscan la red más que el esquema radial, dado que las estrellas son el eje ferroviario cantábrico y el mediterráneo (con 1.800 y 1.700 millones de euros respectivamente). El motivo no es la postergación del centro, sino más bien todo lo contrario, dado que el esfuerzo radial va por delante y culmina a finales de este año con la inauguración de la conexión Madrid-Valencia.

La presentación anual de los Presupuestos del Estado abre ritualmente un debate territorial en cada comunidad, provincia e incluso ciudad por ver cómo queda en términos de inversión per cápita, pero ese debate adolece en su raíz de un verdadero análisis de los efectos sobre nuestra geografía económica de la inversión pública.

Mejorar las infraestructuras hace más eficiente a la distribución, pero produce concentraciones de poder El poder económico se ha concentrado en treinta años tanto como se ha dispersado el poder político

La reciente publicación por Ángel de la Fuente en Fedea de sus resultados para tener series largas (1955-2009), homogéneas y anuales de valor añadido bruto (VAB), población y empleo, nos permite esbozar esa visión de largo plazo y arroja resultados que creo que merecen atención por sus implicaciones económicas y políticas. Una primera aproximación puede consistir en observar el porcentaje que cada comunidad representa en el VAB total, que puede crecer porque crezca más que la media su población o su VAB per cápita; en ambos casos, esa subida mostraría un mayor crecimiento, cuantitativo o cualitativo, y un mayor peso económico y político en el total. Obviamente, lo contrario en casos de descenso. Si, por simplificar, nos centramos en las tres comunidades más pobladas de España: Cataluña, Andalucía y Madrid, uno tendería a pensar que la descentralización del poder político y el aumento de la progresividad de gastos e impuestos públicos deberían haber llevado a aumentar el peso relativo de las dos primeras desde la transición, en detrimento de la tercera. Este es, al menos, el grito de la derecha más centralista y reaccionaria. Pero observamos que ocurre justamente lo contrario. En el caso de Cataluña, aumentó su peso económico desde finales de los cincuenta hasta el fin del franquismo (por la reindustrialización), marcó una suave caída hasta 1985 y una recuperación hasta 1995, y desde entonces no ha dejado de caer. En el caso de Andalucía, siguió un camino contrario en el franquismo marcado por la emigración, se recuperó algo hasta principios de los noventa, y desde entonces mantiene un nivel casi constante. Madrid, por último, no ha dejado de crecer relativamente en estos 54 años, aumentando tres puntos su participación en el total (ese crecimiento equivale a que se hubiese anexionado una región como la de Murcia) en un proceso que, lejos de frenarse, se ha acelerado desde 1997.

¿Qué ha sucedido? La señora Aguirre seguro que acudiría presta a atribuirse el mérito, pero la progresión ascendente de Madrid viene de antes, y comunidades gobernadas por el PP, como la Valenciana, Canarias o la Región de Murcia, marcan los mayores descensos en VAB per cápita, de forma que es difícil colar ese tipo de explicaciones. Lo que creo que subyace a estos datos es el efecto de la mejora de las comunicaciones, y es algo que tiende a minusvalorarse. El enfoque habitual cuando se valora la inversión en infraestructuras es su inclusión en una "función de oferta", en tanto que aumenta la capacidad de producción de cada comunidad. Sin embargo, más que aumentar dicha capacidad, el efecto directo es que acerca los mercados; esto implica ventajas agregadas, en tanto que permite a la vez empresas más grandes y eficientes y más competencia, pero también tiene efectos distributivos, porque de esa mayor competencia habrá ganadores y perdedores. Por decirlo en términos de premios Nobel, se tiende a estudiar el papel de la inversión en infraestructuras en un marco tipo Solow, pero los efectos tipo Krugman son al menos tan importantes. Por ejemplo, hace unas décadas cualquier empresa de ámbito nacional tenía una amplia red comercial (e incluso de producción) en el territorio, mientras que ahora se puede viajar por el territorio nacional en horas, con lo que no tiene sentido mantener sedes territoriales comerciales en muchos casos.

El efecto de la mejora en las infraestructuras es una mejora en la eficiencia de la distribución, pero también una concentración del poder y el personal de las empresas en torno a su sede central, con frecuencia en Madrid. Dicho de otra forma, en términos territoriales, en los últimos treinta años el poder económico se ha concentrado al menos tanto como se ha dispersado el poder político. ¿Por qué en Madrid? La mejora de las comunicaciones ha reforzado los beneficios de su posición central, debido a la estructura radial (no solo física, porque los vuelos juegan un papel importante).

¿Tiene sentido intentar cambiar ese rumbo? Lo que tiene sentido es intentar favorecer una competencia en igualdad de oportunidades, porque eso estimula la excelencia y reduce los victimismos interesados. La estructura en red es buena para España como país y como economía, y es por ello que infraestructuras como el corredor mediterráneo o cantábrico deben contribuir a vertebrar nuestro país y a potenciar nuestra recuperación. El proyecto de Presupuestos Generales presentado hace unos días es en este sentido una apuesta muy positiva para el futuro económico y político de España.

Pedro Saura García es profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Murcia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de octubre de 2010