El consejero de Economía valenciano, implicado en el 'caso Brugal'
La policía relaciona a Gerardo Camps con negocios del imputado Enrique Ortiz
Gerardo Camps, consejero de Economía del Gobierno valenciano, está implicado en el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la recogida de basuras en el sur de Alicante), según uno de los informes policiales de la causa. Las diligencias también incluyen supuestas irregularidades en siete actuaciones relacionadas con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El magistrado Carlos San Martín, instructor del caso Brugal, entregó ayer a las partes copia en formato DVD de las diligencias judiciales de la causa, cuya investigación comenzó en marzo de 2007. El soporte digital incluye unas 18.000 páginas.
La implicación del consejero de Economía, Gerardo Camps, en el caso Brugal, está recogida en el epígrafe del informe policial titulado Sociedad Proyectos Temáticos. En este apartado, la policía reseña los siguientes hechos: adjudicación del palacio de congresos de Alicante y del Parque Cultural de Sant Vicent del Raspeig, la adjudicación del mantenimiento y gestión integral de servicios de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones al Hércules CF.
Los agentes señalan siete actuaciones ilegales en el PGOU de Alicante
En estos hechos, junto al consejero de Economía, el informe incluye al promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y a Miguel Ángel Fuster, piloto de rallies y amigo de Gerardo Camps. "En todos estos procesos, Enrique Ortiz figuraría como solicitante, Gerardo Camps como representante del ente administrativo competente y el señor Fuster como intermediario cualificado, recibiendo contraprestaciones en forma de patrocinio deportivo", señala el informe.
El informe policial sobre las supuestas ilegalidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante recoge estas actuaciones: Saladares de Agua Amarga, Ciudad de la Economía, Estadio Rico Pérez, Condomina, PAU 3, APA 9, Pino 9, y Fontcalent. En la mayoría de los casos, las supuestas irregularidades están relacionadas con operaciones de Ortiz. No obstante, esas actuaciones no se han ejecutado como apunta el informe o fueron aprobadas con anterioridad a la tramitación del nuevo planeamiento.
Los dos pilares del caso Brugal son la contrata de la basura de Orihuela y la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. Por este segundo contrato, la investigación sostiene que el líder del PP de Alicante y a su vez presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, recibió dos pisos o su equivalente en metálico (cerca de un millón de euros) por supuestos favores a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
