La batalla sigue en Cataluña

La disputa entre la Generalitat y Hollywood afecta a la programación de festivales como el de Sitges y al futuro del gremio de dobladores de la Comunidad

Nadie se atreve a mentar la bicha: boicot. Y todos se mesan los cabellos y templan posibles discusiones a la espera de las próximas elecciones autonómicas, el 28 de noviembre de 2010, que podrían suponer un cambio de gobierno, con lo que la Generalitat pasaría del tripartito a Convergència i Unió. El enfrentamiento entre las majors (los grandes estudios -productores y distribuidores- de Hollywood) y la actual Generalitat a cuenta de la Ley del Cine de Cataluña ha pillado por medio al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, más conocido como festival de Sitges, y a los dobladores catalanes. Y en un futuro, el que arranca el 1 de enero de 2011, esa disputa podría cambiar una ley de la que aún no está el decreto que la desarrolle.

En esta edición solo había tres filmes de las 'majors' en el certamen de Sitges
CiU niega que vaya a suavizar la ley si gana las elecciones a la Generalitat

Desde que el 30 de junio se aprobara la Ley por 117 votos a favor (PSC, ERC, ICV, es decir el tripartito, más CiU) y 17 en contra (PP y Ciutadans, que posteriormente la recurrieron en el Tribunal Constitucional por considerar que vulnera la libertad lingüística y empresarial), las majors han dejado clara su oposición a una legislación que obliga a que las películas dobladas o subtituladas que se estrenen en Cataluña tengan la mitad de las copias en catalán, excepción hecha de los filmes comunitarios, que solo deberán cumplir esa exigencia a partir de las 16 copias. Las majors se han planteado que si las cosas no cambian, estrenarán sus taquillazos directamente en inglés en Cataluña.

Pasado el verano, se clarificaron los campos de batalla. Por de pronto, algunos de esos estudios han decidido trasladar a Madrid los doblajes que realizaban de sus filmes en Cataluña. Los dobladores madrileños confirman que, efectivamente, su trabajo ha aumentado. Y mucho. Por ejemplo, en el sector se asegura que la major Sony ha mudado a Madrid todos sus doblajes, abandonando Barcelona. Desde Sony no quieren confirmar ni desmentir los hechos, y se remiten a esta frase: "Nunca hacemos comentarios sobre nuestra política interna".

Si el mundo del doblaje ha cambiado en el último semestre radicalmente, otra lugar donde se ha palpado la tensión ha sido el festival de Sitges, que se clausuró el pasado domingo. "Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero aquí está el resultado: el mejor certamen del mundo en su género", dijo en su cierre Ángel Sala, su director artístico. Con esa frase se refería a los problemas económicos derivados de la crisis y a una realidad matemática: en todas sus ediciones, Sitges proyectaba como poco una docena de filmes de Hollywood. Este año solo había tres títulos distribuidos por las majors, y encima los dos traidos por Universal eran españoles: la catalana Los ojos de Julia y La herencia Valdemar II. Ángel Sala comenta: "Si ha habido boicot, no se ha notado porque nuestro público ha crecido un 3%. Solo espero que los problemas se olviden y que en futuras ediciones haya filmes de todas las distribuidoras".

"Es evidente e innegable esa reducción", confirma Luis Hernández de Carlos, presidente de Fedicine, entidad que agrupa a las majors. "Pero no puedo responder por las compañías. Cada una de ellas tiene su propia política comercial". Filmes de majors como La trampa del mal, de John Erick Dowdle, o Balada triste de trompeta, de Alex de la Iglesia, que parecían que iban a estar en Sitges, finalmente no aparecieron en la programación. José Luis Hervías, director general de Universal, otra major, concreta: "Estamos abiertos a la negociación. Pero hay una actitud en la Ley muy agresiva contra la libertad de empresa". Y apunta: "Los que están detrás de Sitges, sus promotores, deben dejar claro que apoyan el cine como gran alternativa", porque el certamen depende de una fundación, entre cuyos patronos está la Generalitat. "Cada territorio es libre y el público catalán deber ser libre también", dice el responsable de Universal. Y ante posibles negociaciones con CiU, Hervías aclara: "Hemos hecho contactos con todos los grupos en diversos momentos".

Tercer campo bélico: la Ley. El hecho de que no haya dado tiempo para aprobar el reglamento que la desarrolle hace temer al tripartito catalán que una posible Generalitat de CiU la descafeinaría. El departamento de Cultura, comandado por Joan Manel Tresserras (ERC), dejará el borrador del reglamento finalizado, pero faltarán los trámites administrativos. El nuevo gobierno tendrá que modificarlo o ratificarlo, y aplicarlo. Desde ERC siembran dudas y hablan de pacto entre las majors y CiU. "Me consta", dice Joan Puigcercós, presidente de ERC, "que CiU ha pactado con las majors".

La sospecha ha corrido como la pólvora en el mundo cinematográfico catalán. De ella se hecho eco en su blog el parlamentario socialista Josep Maria Balcells: "Hay un rumor sobre la existencia de negociaciones entre CiU y las majors", aunque ayer reconoció que "no tiene informaciones directas para confirmarlo". Para el parlamentario convergente Jordi Cuminal se trata de acusaciones sin fundamento. "En todas las leyes en las que hemos votado a favor es porque estamos a favor y, por lo tanto, no se cambiarán". Cuminal confirma que ha habido contacto con personas del sector audiovisual catalán, "tanto a favor como en contra de la ley, pero dentro de la preparación del programa electoral". Sin embargo, solo hay esta referencia: "Prometemos desarrollar el plan de digitalización del cine garantizando, en colaboración con el sector, la oferta en igualdad de condiciones del cine doblado al catalán". Balcells teme que CiU no aplique la ley en toda su potencia. "Desde el primer momento dejaron caer que ellos serían flexibles". Cuminal rechaza la idea: "Seremos lo flexibles que permita la propia ley".

Los puntos de fricción de la norma

- La Ley del Cine de Cataluña, que entra en vigor el 16 de enero, obliga a las distribuidoras a doblar la mitad de copias de los filmes de estreno en versión catalana (dobladas o subtituladas), a excepción de las comunitarias, que sólo deben cumplir esta exigencia a partir de las 16 copias.

- Todas las copias en soporte digital deben tener incorporada una versión catalana.

- Las empresas exhibidoras tienen la obligación de exhibir el 50% de las proyecciones de cada filme en versión catalana.

- Multas de entre 1.000 y 75.000 euros por incumplimiento.

- Creación de un red concertada de pantallas para fomentar el cine no comercial y en versión subtitulada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 22 de octubre de 2010.