El PSOE quiere saber la relación de los cónyuges de los diputados con la Junta

El grupo socialista presentará en el Parlamento una iniciativa para que la Mesa de la Cámara regule la forma en la que los 109 diputados deberán presentar una declaración de las actividades de los cónyuges que tengan relación con la Administración andaluza.

La medida la anunció ayer el portavoz socialista, Mario Jiménez, que adelantó también que el vicesecretario general del PSOE andaluz, Rafael Velasco, se querellará contra la portavoz del PP, Esperanza Oña, por acusarle de "tráfico de influencias" en relación con las ayudas que ha recibido de la Junta la empresa de formación para el empleo propiedad de su esposa.

"Ahora se abre un nuevo tiempo en el que si la pareja de [Javier] Arenas tiene relaciones con la Administración autonómica, lo va a tener que contar; si algún diputado autonómico tiene negocios vinculados económicamente a la Administración autonómica, lo va a tener que contar, y si algún diputado o su cónyuge pertenece a alguna asociación que ha recibido alguna subvención de la Administración autonómica, lo va a tener que contar", advirtió Jiménez.

La ley Electoral de Andalucía obliga a los parlamentarios a presentar esa declaración, pero, según el portavoz, el PP lo está exigiendo y con su "habitual hipocresía no ha presentado ninguna" declaración de este tipo.

"Cacería indecente"

La interpretación que la Mesa ha hecho sobre este asunto fija la obligación de este tipo de declaraciones solo para los diputados, explicó el portavoz, que se mostró partidario de "dar un paso más allá". El socialista no ocultó su rechazo con lo que denominó como "la cacería indecente" emprendida por el PP contra Velasco a propósito de las informaciones publicadas en el diario El Mundo sobre las subvenciones de la Junta a la academia de formación de su esposa.

"El PP está mintiendo descaradamente para ensuciar la imagen de Velasco", con unas subvenciones que son "estrictamente legales", apostilló. Según una nota de la Consejería de Empleo, la empresa Aulacen Cinco de la esposa de Velasco recibió 726.209 euros durante los últimos cuatro años para cursos de formación para desempleados, lo que "supone un 0,64% de las ayudas a la Formación Profesional para el Empleo que se distribuyen en la provincia de Córdoba".

La querella de Velasco hará que los dirigentes del PP vayan a los tribunales, donde "no han tenido el valor de denunciar porque saben que no hay nada que denunciar", dijo Jiménez.