Presupuestos extraordinarios
Son unos presupuestos extraordinarios porque prevén una caída de gasto no financiero de casi el 11% respecto a 2010. Nunca antes en la historia de la autonomía nos habíamos enfrentado a un ajuste así, que es especialmente duro porque se suma al del año pasado.
Por el lado de los ingresos, los presupuestos son creíbles. Se presupuesta lo que hay, que es una cifra algo mejor de lo que se esperaba. De los 1.500 millones de recorte en ingresos de los que se hablaba hace apenas un par de semanas, hemos pasado a una caída de los ingresos totales de algo menos de 1.200 millones. Cuestión distinta es que la Xunta renuncia a ejercer al alza su (limitada) autonomía tributaria y asume algunas rebajas fiscales de incidencia recaudatoria menor y visibilidad limitada, pero que se compadecen mal con la parte de su discurso que se refiere a la falta de recursos para mantener determinados servicios o subvenciones.
Las rebajas fiscales casan mal con el discurso sobre la falta de dinero para algunos servicios
En segundo lugar, con los datos que conocemos hasta el momento se confirma la rigidez del presupuesto por funciones. Con una sanidad, educación y servicios sociales en manos de las comunidades autónomas, los ajustes tienden a ser soportados por el gasto productivo. Por eso no se acaban de entender las declaraciones de Fernández Ordoñez cargando contra el gasto de las comunidades autónomas y su falta de voluntad de ajuste. ¿Cómo se le debe calificar entonces a recortes presupuestarios de dos dígitos aplicados sobre la administración clave para el sostenimiento del Estado del Bienestar o la financiación de la I+D+i?
La fórmula del ajuste es relativamente sencilla. La necesidad de reducir el déficit conforme a lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera explica tres cuartas partes del ajuste en el gasto no financiero (791 de 1.085 millones). El resto (294 millones) viene explicado fundamentalmente por la rebaja del Fondo de Compensación Interterritorial y de los ingresos que proporciona el sistema de financiación autonómica. Por el lado del gasto, esa reducción se refleja en la inversión pública presupuestada, que cae 448 millones, y el tijeretazo sobre los gastos de personal (-147 millones), fruto sobre todo del recorte salarial impulsado por Zapatero y que sufren los empleados públicos de todos los niveles de la administración. En definitiva, el 55% del ajuste del gasto recae en inversiones y salarios. No obstante, el Gobierno gallego proyecta incrementar notablemente el recurso a la inversión extrapresupuestaria, en colaboración con el sector privado. De los 38 millones de 2009, pasamos a 270 en 2010 y 504 en 2011. Sin duda, en los próximos meses oiremos hablar mucho sobre financiación público-privada de inversiones.
Por último, una reflexión sobre la referencia explícita en la presentación de los presupuestos a la disponibilidad horaria del personal directivo. Más allá de la oportunidad de que sea una ley presupuestaria el sitio donde legislar sobre estas cuestiones, se entiende el interés de la Xunta en que las libres designaciones y la disponibilidad horaria (en la práctica, trabajar más de 40 horas semanales por el mismo sueldo) alcancen a los jefes de servicio. Eso te da más flexibilidad y capacidad de imponer las decisiones del Gobierno sobre el cuerpo administrativo. No obstante, y como bien señalan socialistas y nacionalistas, descender hasta el nivel de jefatura de servicio en una estructura con tan poco recorrido como la Administración pone en riesgo la objetividad y control del funcionariado frente a actuaciones que puedan bordear la legalidad y empobrece la carrera administrativa. Existe un cierto consenso en que es al nivel del subdirector general donde se produce la necesaria interacción entre política y gestión y donde deben quedarse los nombramientos a criterio del Gobierno. Por eso se entiende perfectamente la posición de CC OO y CIG en la mesa de negociación y cuesta tanto comprender la de CSIF y UGT. En particular, sería interesante saber si lo ocurrido responde al modelo de función pública de la cúpula de UGT-Galicia o, más bien, a la existencia de una federación del sindicato fuera de control.
