Rechazo frontal de la oposición a privatizar la edificación de escuelas

La privatización de la construcción y gestión de los centros educativos no va a ser un camino de rosas para la Generalitat de Francisco Camps. A diferencia de Madrid, que la implantó sin demasiado ruido hace siete años, en Valencia el "rechazo frontal" a esta iniciativa destapó ayer la caja de los truenos. La Consejería de Educación negocia desde hace tres años con las patronales de la enseñanza privada y el PP lo quiere incluir en su programa electoral de las elecciones autonómicas de mayo de 2011. Enfrente, concejales y diputados de oposición, sindicatos y federaciones de padres de la red pública se oponen de manera categórica la "cesión de suelo" a empresas de enseñanza privada.

Luna (PSPV): "Camps necesita dinero y necesita sentido común"

Blasco (PP): "El Consell cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría"

"Este es el doble resultado negativo de la ruina económica de la Generalitat y de la necesidad de control ideológico de la enseñanza, como mecanismo de transmisión de sus valores vinculados a los sectores más conservadores católicos, como en Madrid", sentenció el edil socialista en el Ayuntamiento de Valencia Juan Soto.

Sin conocer la letra pequeña de la negociación, la concesión de suelo público con un canon barato a empresas privadas de enseñanza con "ideario propio" y basado en los "valores cristianos" o la "recalificación encubierta de suelo público a residencial" serán los caballos de batalla tanto del PSPV como de Esquerra Unida en el Ayuntamiento, advierten Soto y Amadeu Sanchis, el coordinador de EU en la capital. Marga Sanz, su coordinadora en las Cortes, ha solicitado "explicaciones" del consejero Alejandro Font de Mora.

"El problema", para la diputada socialista Ana Noguera, es que "se está vendiendo la educación de los hijos, por un problema financiero y una mala gestión del Gobierno de Camps", como revela "el fracaso escolar del 40%".

Mònica Oltra, diputada de Compromís, advierte de que emprenderán las "acciones oportunas" para frenar este "ataque a la enseñanza pública". El Síndic socialista, Ángel Luna, resume así la esquizofrenia del Gobierno de Camps: "Necesita dinero y necesita sentido común".

Los tres sindicatos mayoritarios coinciden en que es un "ataque a la enseñanza pública para que sea subsidiaria de la concertada", afirma Marc Candela, del STEPV. Miguel Ángel Vera, de CC OO, subraya además el "cinismo de un consejero que, en momento de crisis, entrega a sus amigos la educación como negocio". Y se pregunta "si en vez de construir escuelas en los barrios en expansión, irán a los depauperados Barrio del Cristo o de La Coma". Guillermo Martí, de Fete-UGT, concluye: "El PP en 15 años no ha sido capaz de acabar el mapa escolar y ahora se lo da a sus amigos".

La Confederación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya denuncia: "La educación no se puede dejar en manos de la patronal o la Iglesia, que se mueven por intereses económicos o religiosos y no aseguran la libertad, diversidad y pluralidad".

En este terreno minado de críticas, Rafael Blasco, el portavoz del PP en las Cortes, defendió que "la política educativa del Consell cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de valencianos".