Urbanismo pasa al pleno de Córdoba la legalización de las naves de Sandokán

Ya solo queda la aprobación del pleno de Córdoba para la legalización de las naves construidas irregularmente por Arenal 2000, la empresa del joyero Rafael Gómez, alias Sandokán, en las inmediaciones del área protegida de Medina Azahara. La Gerencia Municipal de Urbanismo dio luz verde ayer al dictamen para la aprobación definitiva en el Ayuntamiento del plan especial Carretera de Palma, que ordena el espacio donde se levantaron las naves industriales.

La tramitación del plan sigue adelante, a pesar del duro informe emitido en septiembre por la Delegación de Obras Públicas, en el que se seguían destacando importantes inconvenientes, principalmente por el uso que se va a dar a las naves y el porcentaje de ocupación de las mismas, al tiempo que pedía más aclaraciones.

El informe de Obras Públicas no es vinculante. No obstante, el concejal de Urbanismo, Francisco Tejada, defendió ayer que la Gerencia Municipal de Urbanismo "ha dado cumplida cuenta de las peticiones de la Delegación". Tejada defendió que la actividad prevista para las naves es la de un uso "industrial de almacenaje (...), que está contemplado en el PGOU y que permite la venta al por mayor. El PGOU no entiende esta actividad como comercial, sino industrial", dijo. La Delegación de Obras Públicas sí cree que esa actividad es comercial.

En cuanto a la ocupación final de las naves, el Ayuntamiento cordobés no se ha apeado de sus tesis originales y prevé la demolición de menos de la mitad de las naves.

En el PSOE cordobés, aliado de IU en el Ayuntamiento, existe un fuerte debate sobre este asunto. La posición que se ha venido defendiendo los últimos años era el de la mano dura: tirar como mínimo la mitad de las naves. Pero la llegada de la ex alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, a la Consejería de Obras Públicas, ha cambiado las tornas. Aguilar apuesta ahora por aprobar el actual plan, que obliga a la demolición de 15.000 metros cuadrados de los 40.000 que tienen las naves. Es decir, el 62,5% de los inmuebles podrían ser legalizados.

La aprobación del dictamen contó con los votos a favor de IU y PSOE. El PP Se abstuvo. Victoria Fernández, concejal socialista y presidenta de la empresa municipal de la vivienda, Vimcorsa, se ausentó de la reunión por motivos de salud.

La votación en pleno del plan Carretera de Palma no ocurrirá hasta que el Tribunal Supremo dictamine acerca del recurso interpuesto por Sandokán a la anulación del anterior plan en 2008. Si Sandokán retirara el recurso, despejaría el camino para la aprobación definitiva del nuevo marco urbanístico de la zona.