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Papeleras y 17 gestores de residuos ya calculan sus emisiones contaminantes

Un certificado regulará los datos de la 'huella de carbono' a partir de 2011

La huella de carbono es una expresión todavía incomprensible para la mayoría de ciudadanos, pero que está totalmente asumido por las empresas vascas. La contabilización de las emisiones contaminantes (la definición de la huella de carbono) se halla pendiente aún de un instrumento que la regule, pero ya ha sido calculada por algunos sectores. En concreto, 17 empresas gestoras de residuos asociadas a Aclima (el clúster del medio ambiente) y las papeleras vascas tienen datos de lo que emiten tanto por efecto directo o indirecto. Una de las más avanzadas, según los datos difundidos ayer, es la multinacional Abengoa, que, además de controlar su actividad directa, ha obligado a más de 14.000 de sus proveedores a comunicarle datos sobre las emisiones que generan.

Abengoa obliga a 14.000 proveedores a darle datos de sus emisiones
Unzalu destaca la implicación pública en la normativa del cambio climático

Responsables de Aclima explicaron en un encuentro informativo en Bilbao, que la huella de carbono será en poco tiempo un requisito obligatorio para las empresas, como ocurre con los certificados de calidad o medioambientales, las conocidas como normas ISO. De hecho, para el próximo año se espera contar con la ISO 14067 que regule la huella de carbono.

Sin ningún instrumento que unifique los datos, las empresas no los difunden y los utilizan como sistema de gestión interna. "Prefieren guardarse la información por miedo a difundirla. No saben cuál es el método que puede utilizar la competencia", apuntan dirigentes de Aclima. Por ello es fundamental una norma estandarizada que permita las comparaciones. "Las empresas más grandes ya están trabajando en sus huellas y, cuando esté la ISO, serán las tractoras para el resto", como sucedió con los certificados de calidad y medioambientales.

Este control sobre las emisiones contaminantes se ha convertido, especialmente para las firmas exportadoras, en un requisito que deben cumplir hoy día. "Una pyme guipuzcoana que se dedica a fabricar envases para huevos nos llamó porque su cliente en el Reino Unido le obligaba a dar datos sobre la huella de carbono", explican responsables de Aclima. Agregan que las emisiones generadas suponen una información "más que le das a tu cliente. El hecho de hacerla es decir a la sociedad que controlo mis emisiones".

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Por ello, Aclima asegura que estos datos de las emisiones contaminantes pueden conceder "una ventaja competitiva" a muchas empresas. "Puede hacer que el proyecto de una empresa tenga ventaja frente a otras de fuera de la Unión Europea. Muchas de las empresas ya lo utilizan de manera competitiva".

El cálculo de esta huella requiere de un trabajo de entre seis meses y un año, ya que, además de las emisiones directas por la actividad productiva, se deben medir las indirectas, como el transporte que han usado sus empleados para llegar a su oficina o fábrica o la generación de electricidad en sus instalaciones.

Esta huella de carbono no resulta exclusiva de la industria, ya que el CO2 (la principal de las emisiones de gases de efecto invernadero) es generado por la actividad humana y se calcula que cada ciudadano provoca 10 toneladas al año. Por ejemplo, el transporte de un producto genera 0,0002 kilos de CO2 por cada kilómetro recorrido si viaja en barco; 0,069 en tren, 0,11 si es llevado en un camión y hasta dos kilogramos si el transporte es aéreo. Aclima considera un primer paso la inclusión de un registro voluntario de emisiones contaminantes en la ley vasca de Cambio Climático que está preparando el Gobierno.

"El cambio de cultura" de la nueva ley

La consejera de Medio Ambiente, Pilar Unzalu, consideró ayer necesario un "cambio de cultura" con la nueva ley de Lucha contra el Cambio Climático, ahora en fase de alegaciones. La normativa establece, como adelantó ayer EL PAÍS, que las Diputaciones y Ayuntamientos deberán tener programas propios contra el cambio climático antes de que finalice 2015 -plazo que se limita a 2014 en el caso de las instituciones forales y las tres capitales- y que todas las administraciones y entes públicos habrán de disponer de objetivos individualizados de sus emisiones contaminantes ya para 2013.

Además, las grandes obras públicas y privadas requerirán de un análisis de "vulnerabilidad al cambio climático y las medidas para gestionar este riesgo", señala el anteproyecto.

La consejera confirmó en la comisión correspondiente del Parlamento que la mayoría de las actuaciones, que cifró entre un 75% y un 80%, son responsabilidad de las administraciones públicas. Una de las grandes novedades de la normativa es que, por primera vez, un asunto de Medio Ambiente implica no solo a todas las consejerías del Gobierno, sino al resto de instituciones en Euskadi, tanto las Diputaciones como los Ayuntamientos. "Debe ser una ley general que incida en la práctica totalidad de las políticas sectoriales y ser objetivo de amplio consenso institucional y social", remarcó la viceconsejera de Medio Ambiente, Nieves Terán.

Unzalu abundó que la ley, que el Gobierno quiere aprobar en marzo próximo para luego ser debatida en el Parlamento, resultará adelantada en muchos aspectos y que se basa en la política del Gobierno vasco de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, "procurando una paulatina transición hacia una economía basada en las tecnologías bajas en carbono e innovadoras, que sean capaces de promover el empleo verde y mejorar la competitividad".

El anteproyecto de la normativa, la primera de este tipo en España, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes en el País Vasco con el fin de no elevarlas por encima del 14% sobre las registradas en 1990, el año de referencia que se estableció en el Protocolo de Kioto.

Unzalu consideró "altísima" la dependencia energética en Euskadi, ya que solo se genera un 5% de la misma mediante fuentes renovables. Con todo, reconoció el esfuerzo "impresionante" de la industria vasca para adecuarse a la realidad actual, al haber reducido sus emisiones un 35% desde 1990. "Debe seguir adecuando sus estructuras productivas a las necesidades y tendencias actuales".

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