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Hernández frena la recalificación del suelo de Ence como zona verde

Medio Ambiente apela a un plan de 2003 cuya anulación exige el Gobierno local

La situación legal de la planta de celulosas de Ence, ubicada en Pontevedra, frente a la ría, ha vuelto a enfrentar a Ayuntamiento y Xunta. La Consellería de Medio Ambiente, dirigida por Agustín Hernández, ha exigido que se mantenga la calificación de suelo industrial para el terreno que ocupa la factoría -que deberá abandonarlo como muy tarde en 2018, según la ley estatal de costas- en el Plan Xeral de Ordenación Municipal que ultima el Gobierno local, partidario de calificar el área como zona verde. El requerimiento de Medio Ambiente se basa en un plan de incidencia supramunicipal aprobado en 2003 para la ampliación del complejo, que no se ejecutó.

"Es una decisión política", protesta el concejal de Infraestructuras de Pontevedra, César Mosquera (BNG), que entiende que la Xunta podría anular el plan de 2003 sin mayores complicaciones. "Es un trámite sencillo" sostiene, al tiempo que acusa al Gobierno autónomo de no posicionarse claramente en contra de la salida de la pastera y apoyarla únicamente "con la boca pequeña". Mosquera se rebela y reta a la Xunta a que sea ella quien modifique la calificación del suelo. "El plan va para allá como zona verde; bajo nuestra responsabilidad no irá como industrial", lanza.

De la misma opinión son en la Asociación pola Defensa da Ría, organización que batalla desde hace dos décadas por que la pastera salga de su actual emplazamiento. "Con esta decisión queda abierta la puerta a la continuidad de Celulosas y Elnosa en la ría más allá de 2018", asegura en un comunicado su presidente, Antón Masa, que reclama también la derogación del plan supramunicipal. "La esigencia da la Xunta resulta inadmisible, pues no solo entra en contradicción con las declaraciones realizadas desde el Gobierno gallego a favor del traslado del complejo antes de 2018, sino también con las directrices marcadas en el plan de ordenación del litoral y las Directrices de Ordenación do Terroritorio (DOT)", aduce.

Desde el PP local -que apoya oficialmente la salida de la planta desde que Telmo Martín es portavoz- restan importancia a la decisión de la Xunta, que atribuyen a un requisito formal que impone la nueva la ley de costas de Galicia, y se remiten a la ley estatal. "Nos da un poco igual [que se anule el plan de 2003], porque sabemos que antes de 2018 Ence no va salir de ahí si se cumplen los requisitos de la ley", afirma Martín. "Esperamos a un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento sobre las consecuencias que podría tener la anulación", advierte, no obstante.

El de 2018 era un horizonte comunmente aceptado como límite y susceptible de adelantos, tal como propugnan aún en el Ayuntamiento. La empresa se desmarcó hace unas semanas en sus alegaciones a las DOT, en las que sostiene que el traslado no es "obligatorio e irremediable".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de octubre de 2010