La fiscalía solicita seis años de cárcel para Munar en su primer juicio por corrupción
La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel y 14 de inhabilitación para la ex presidenta del Parlamento balear y ex líder de Unió Mallorquina (UM) María Antònia Munar, figura clave en el reparto del poder en las islas durante las tres últimas décadas, unas veces como aliada del Partido Popular y otras, del PSOE.
El juez del conocido como caso maquillaje ha dictado el auto de apertura de juicio oral por el supuesto desvío de 240.000 euros del Consell balear a empresas audiovisuales propiedad de Munar y próximas a UM. Munar está acusada de presuntos delitos de malversación continuada, falsedad documental, prevaricación y negociaciones prohibidas.
A otros seis años de cárcel se enfrenta también, como coautor, Miquel Nadal, que fue brazo derecho de Munar y su sucesor al frente del partido, además de ex consejero de Turismo del actual Gobierno balear, que preside el socialista Francesc Antich. Idéntica pena se solicita para la jefa de prensa de Munar, Margarita Sotomayor.
La fiscalía cree que Munar y Nadal se concertaron para beneficiar a empresas en las que tenían intereses a través de testaferros.
Este caso -el primero de los seis que afectan a la cúpula de UM- reventó el pasado febrero, cuando Nadal testificó ante el juez que Munar le había entregado 300.000 euros en su coche oficial para comprar dos productoras y así controlar una televisión local, M Televisión de Mallorca, que pasó así a pertenecer al Consell. Entonces, UM sostenía el Gobierno balear presidido por el popular Jaume Matas (2003-2007).
Tras ser acusada, Munar -que ya estaba imputada en otra causa- renunció a la presidencia del Parlamento autónomo.
Nadal no ha sacado beneficio alguno de su traición, al contrario que los dos empresarios y el periodista que vendieron sus empresas a los testaferros de Munar y Nadal, y que gestionaron después las facturas de las subvenciones supuestamente ilícitas. Como colaboradores arrepentidos de la Fiscalía Anticorrupción, se han beneficiado de atenuantes: se piden para ellos penas de nueve a 12 meses, sin ingreso en prisión.
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