Oleada centralista

Desde que Aznar sacó a la derecha española del armario, estamos asistiendo a sucesivas oleadas centralistas contra el Estado de las Autonomías. La primera se produjo en torno a la reforma del Estatuto de Cataluña. El PP realizó una campaña feroz y alarmista sobre los efectos perniciosos que la reforma produciría. ¡España se rompe! Clamaron hasta que el Tribunal Constitucional mandó a la papelera el 95% de sus argumentos. La crisis económica ha vuelto a dar una excusa al centralismo. Ahora las autonomías no rompen España, ahora, al parecer, la arruinan. Las autonomías son despilfarradoras, gastan demasiado, crean administraciones paralelas, etcétera, mensaje simple y engañoso. La buena o mala administración de fondos públicos nada tiene que ver con la naturaleza de la institución. Cuando Aznar gastó más de dos millones de dólares para conseguir la famosa medalla del Congreso estadounidense, fue un dispendio en toda regla aunque lo practicara un Gobierno central.

En Andalucía tenemos un compromiso con la austeridad y el control del gasto fuera de toda duda

La buena administración de los recursos es un deber de gobernantes nacionales, autonómicos y locales. La aportación singular de las autonomías es que garantizan el reparto equitativo de los recursos públicos en todos los territorios de España. Las autonomías han terminado con las políticas territoriales implícitas, es decir, con la arbitrariedad de los gobiernos que invertían y gastaban lo que querían, cuando y donde querían, sin el menor control ni transparencia.

El centralismo y los partidos centralistas nunca han beneficiado a Andalucía. Ésta es una realidad culpable todavía de muchos de nuestros diferenciales territoriales más negativos. Dicho en cristiano, los gobiernos de Madrid nunca le dieron a Andalucía lo que le correspondía y el penoso saldo histórico se tradujo en mayores niveles de analfabetismo, carencia de infraestructuras, desatención de nuestra economía...

El gran partido centralista nacional, el PP, ha seguido fiel a esa tradición. Durante el mandato de Aznar, Andalucía recibió el peor trato presupuestario de la democracia. Inversiones por debajo de la media española, falta de reconocimiento de nuestra población, desvío de fondos europeos a otros territorios, etc. Baste un dato: por cada euro que invirtió Aznar en Andalucía, Zapatero ha invertido dos, es decir, el doble.

La derecha española siempre fue contraria al Estado de las Autonomías. El Título VIII de la Constitución no contó con su voto, como tampoco el referéndum del 28-F. Hay algo profundo en todo ello, atávico tal vez, que tiene que ver con don Pelayo, con las soflamas imperiales o con el latiguillo de "España una", que les mantiene en combate permanente.

Esta semana, el gobernador del Banco de España ha dado nuevos y desafortunados argumentos a quienes pretenden fijar una imagen de inutilidad y gasto autonómico superfluo. Javier Arenas ha salido al paso proponiendo un pacto por la austeridad, no por hacerle un favor al gobernador, sino para volver a atacar al Gobierno de Andalucía. Y es que el PP gobierna autonomías pero no se las cree, como predica una austeridad que no práctica donde gobierna. Su oferta es una excusa para poner altavoz a ese menudeo infame con el que pretende desprestigiar a la Junta. Los coches oficiales son inherentes al cargo de los populares y un abuso del cargo si los usan los socialistas, las indemnizaciones por alojamiento son naturales para sus diputados y un dispendio si las reciben los socialistas, la Real Casa de Correos, el Palacio de la Generalitat o el Palacio de Rajoy son sedes propias de la dignidad institucional de Aguirre, Camps o Feijóo y un lujo en el caso de San Telmo.

Pero vayamos al fondo de la cuestión. Cuando se apela al enorme gasto autonómico se omite que el grueso del presupuesto autonómico es gasto social. Nueve de cada diez empleados públicos de Andalucía trabajan cuidando a menores, mayores o enfermos. ¿Es superfluo el gasto educativo, sanitario o asistencial? ¿Lo sería si la nómina dependiera del Gobierno central o acaso cuestionamos en sí mismo el Estado del Bienestar?

También son frecuentes las críticas al excesivo número de gobiernos y parlamentos autonómicos. No sé si 17 es el número adecuado o no de autonomías, pero está claro que Andalucía con ocho millones de habitantes está fuera de toda cuestión. En cualquier caso, las autonomías han multiplicado la democracia y el control a los ejecutivos. Nunca los diputados del Congreso nacional podrían descender a un control territorial como el que se ejerce en los parlamentos regionales. Hemos ampliado espacios democráticos y la democracia sólo arroja luz, participación y transparencia. La democracia en todos los niveles es mucho más barata que su ausencia.

El Estado autonómico molesta a los centralistas de don Pelayo y posiblemente a los nacionalistas que obtenían privilegios en función de hechos diferenciales que hoy ya no son argumentos presupuestarios.

En Andalucía tenemos un compromiso con la austeridad y el control del gasto fuera de toda duda. Somos una comunidad poco endeudada, dos puntos por debajo de la media nacional y totalmente comprometida con la estabilidad presupuestaria. Que no nos cuenten milongas y mucho menos quienes suelen tener el domicilio fiscal en Madrid. Si hay alguna comunidad mal administrada póngasele nombre y apellidos. La Junta defiende a Andalucía para fastidio de quienes secularmente nos denigraron. Con todo lo que tenemos que mejorar y administrar mejor -que es mucho- si pudiéramos medir la rentabilidad económica y social de una institución para su ciudadanía, la Junta de Andalucía sin duda alguna encabezaría el ranking, por goleada.

Mar Moreno Ruiz es consejera de la Presidencia de la Junta de Andalucía.