El descuento de la huelga

He secundado cuantas huelgas se han convocado en la enseñanza pública, tanto bajo la dictadura como en la democracia, desde la década de los setenta en que empecé a trabajar. No por el placer de hacerlo, si existe alguno, ni por seguidismo político ni por adocenamiento borreguil, sino porque en cada ocasión pensé que tenía más motivos para hacerlo que para seguir trabajando, como los que esperaban en las aulas a que los demás les sacásemos las castañas del fuego.

Si conseguí algo alguna vez ya se me ha olvidado, pero no debió de ser mucho porque las condiciones de mi trabajo se han ido deteriorando sin cesar y mis retribuciones apenas alcanzan, hoy como hace más de 30 años, para permitirme llegar con apuros a fin de mes, incluso antes de la brutal rebaja de salarios de hace unos meses, aparentemente bendecida por casi todos.

Salvo en los últimos años del franquismo y los primeros de la Transición, en que no me descontaron las jornadas no trabajadas -y nunca entendí por qué, quizá fuera porque descontar los días de huelga significaba reconocer la misma existencia de la huelga, que era ilegal-, siempre lo han hecho después, lo que me parece justo.

Nunca me he quejado porque una de las conquistas de la democracia es el respeto de todos a la ley y es justo que esta se aplique con el máximo rigor en este y en otros asuntos. Si no trabajas, no cobras: es justo.

Ahora descubro que los jueces y magistrados que secundaron la huelga del año pasado, cuyas condiciones laborales y retributivas son incomparablemente más privilegiadas que las mías, no han sido tratados de la misma forma. Me parece una burla a la huelga, a la justicia y a los miles de funcionarios de a pie y de trabajadores en general.