Condenado un empresario que estafó a los dueños de una urbanización

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid han condenado a tres años de cárcel al empresario José Luis Panadero Rico como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad de documento público y oficial, según una sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En la misma se cuantifica la indemnización que van a recibir los estafados, los propietarios de una urbanización del municipio de Camarma de Esteruelas (6.445 habitantes), en 45.000 euros, ya que previamente había devuelto otros 42.000 euros a los perjudicados.

Los jueces dan por probada la acusación del fiscal, que mantiene que Panadero Rico falsificó más de 100 documentos a imitación de certificados oficiales de finalización de obra del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Simuló la firma de un arquitecto, que en realidad no había intervenido en la regularización del centenar de viviendas de la urbanización El Practicante, en Camarma. También se inventó una certificación "inexistente" de un acuerdo adoptado por una supuesta comisión de gobierno municipal, cuya sesión nunca se llegó a celebrar.

El hombre simuló certificados de habitabilidad de las viviendas

El condenado, propietario de la empresa a la que se encargó regularizar la situación de la urbanización, se comprometió con los dueños de las viviendas a legalizar en el año 2000 las casas. Pero entonces, según el fiscal, urdió un plan para estafarlos. Al tiempo que simulaba frente a los propietarios de las casas y frente al administrador de la junta las gestiones necesarias para poner al día todos los documentos exigidos, ingresaba en su cuenta todo el dinero que recibía. En total se embolsó 92.336 euros, sin hacer ninguna de las gestiones a las que se comprometía. Al contrario, falseó todos los documentos necesarios para cada una de las 116 viviendas: el otorgamiento ante notario de las escrituras de obra nueva, del certificado oficial de finalización de obras del Colegio de Arquitectos y del certificado oficial emitido por el Ayuntamiento de Camarma, que acredita que la antigüedad de las casas que se pretendían legalizar era superior a cinco años.

El condenado incluía sellos en forma de visados confeccionados a imitación de los oficiales del Colegio. Para falsificar estos documentos utilizó un certificado auténtico de reconocimiento de obra para propuesta de legalización. Asimismo, Panadero Rico confeccionó otros documentos, uno para cada una del centenar de viviendas de la urbanización El Practicante del municipio de Camarma de Esteruelas, que imitaban certificados del Ayuntamiento en los que constaba la acreditación municipal de la antigüedad de las viviendas.Entre los meses de enero a julio de 2001, José Luis Panadero Rico, acompañado de los respectivos propietarios de las casas, que eran ajenos a sus manipulaciones, acudió al menos 116 veces a una notaría de Alcalá de Henares, donde se fueron otorgando las respectivas escrituras notariales de declaración de obra nueva.

Pero en 2007, tras comprobar que los dueños de las casas se habían dado cuenta de la estafa y de que todos los documentos habían sido falsificados, el condenado procedió a reintegrar a los vecinos 42.070 euros, por lo que la cantidad estafada bajó de casi 90.000 euros a 45.000 euros.

Los magistrados, además de las dos condenas de año y medio (que en total suman tres años), también incluyen dos multas de seis meses con una cuota diaria de cinco euros, lo que eleva la suma total a 1.800 euros. También inhabilitan a Panadero Rico al ejercicio de la profesión de gestor o cualquier otra actividad relacionada con los servicios técnicos, administrativos y de tramitación en materia de arquitectura y urbanismo durante el tiempo de condena.

La condena, que se produce tras el reconocimiento del perjudicado de los hechos, no afecta a la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria, que deberá decidirse en un juicio.

Fuentes del Ayuntamiento, que ejercía junto al Colegio de Arquitectos y la Junta de Compensación la acusación particular, aseguraron que la urbanización, cuyas viviendas son irregulares, están en fase de legalización. La alcaldesa, Consuelo Mendieta (PP), no ha querido hacer declaraciones.

Este periódico ha podido comprobar que una persona con el mismo nombre de este empresario permanece a la cabeza de una asociación que oferta cursos relacionados con urbanismo y arquitectura en Internet. Esta entidad dispensa certificados respaldados por una asociación inexistente a cambio de sumas que superan los 6.000 euros, que supuestamente son financiados en parte por la Comunidad, que realmente no participa en los mismos, tal y como ha podido comprobar EL PAÍS.