Los recortes y la cuestión laboral ensombrecen el futuro de TVG

Todos saben que hay que hacer algo con TVG, pero nadie acierta a concretar qué. Los más de 120 millones de euros que cada año salen de los Presupuestos de la Xunta para sufragar la compañía, el galimatías laboral de una plantilla que Feijóo considera excedentaria o la dependencia que de ella tiene el sector audiovisual gallego no convienen a nadie: ni a los que hoy son Gobierno, ni los que aspiran a serlo en el futuro. A ello hay que añadir la perenne sospecha de control político de la información, plasmada en el peculiar nombramiento de su director general, que solo el PP consideró consensuado. Son las causas que abocan a la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) a una profunda reforma. El momento es ahora, cuando el Parlamento prepara la ley que diseñará la TVG para las próximas décadas. Pero llegada la hora de la verdad, una inesperada parálisis ha bloqueado a los actores del cambio, particularmente al PP.

La Xunta se debate entre consolidar la plantilla o adelgazarla

El PP sostiene que el problema del personal no afecta a la reforma legal

El sector audiovisual asegura que su propuesta "no es una privatización"

El socialista Lage Tuñas no cierra las puertas a la externalización

El pasado 23 de febrero, la Cámara autónoma aprobaba por unanimidad una propuesta del PSdeG para promover la reforma de la ley que creó CRTVG. Sería desde el Parlamento, y no desde la Xunta, toda una demostración de voluntad de consenso. Pero, transcurridos siete meses, la ponencia que deberá redactar la ley se ha estancado, mientras el presidente de la Xunta estudia una propuesta de las productoras del sector audiovisual de Galicia que supone en la práctica una privatización parcial de la televisión autonómica. Excepto los informativos, todo lo demás pasaría a ser gestionado por el sector privado, tras un proceso de ajuste de dos años con un coste aproximado de 50 millones de euros. Según la Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual (AEGA), el gasto se amortizaría en seis años. El sector se compromete a absorber "una gran parte del personal afectado por el ajuste".

Cuando habla de personal, AEGA pone el dedo en la llaga. Feijóo considera que la televisión está "inflada en su plantilla". "TVG tiene alrededor de 1.000 empleados y las televisiones estatales están en 600", apuntó recientemente el presidente de la Xunta. AEGA se ofrece como solución, aunque su propuesta cayó como una bomba entre los trabajadores de la compañía, cuya situación contractual roza el disparate.

Arrastrada por el lastre de largos años sin oposiciones, la plantilla está dividida no solo entre los que cuentan con plaza y los que no. Al comité de empresa se opone un numeroso grupo de trabajadores sin empleo consolidado. Las sentencias judiciales se suceden reconociendo sus derechos a quienes han recurrido a la vía judicial. Aunque dependen operativamente de la central de San Marcos, los periodistas de las delegaciones son contratados por productoras vinculadas mayoritariamente a periódicos locales. Y también se contrata por ETT.

El dilema es consolidar o adelgazar. El portavoz del PP en la ponencia que estudia la reforma de la ley, Pedro Puy, cree que el del personal es "un problema de gestión", que no afecta al marco normativo. Y respecto a la propuesta de las productoras, considera que se trata de una "falsa polémica". "Hay espacio tanto para elaborar productos desde dentro de la casa como para contratarlo fuera, como ya ocurre; se trata de buscar un equilibrio". José Manuel Lage Tuñas, que representa al PSdeG en la ponencia, opina en cambio que en el PP se aprecian "distintas sensibilidades" al respecto que "dificultan" la toma de decisiones, que deben contestar a una cuestión central: "Si estamos en condiciones de mantener una televisión con 1.000 trabajadores".

El presidente del comité de empresa no admite dudas a ese respecto. "Defendemos la actual dimensión de la compañía, y que la producción se planifique aprovechando esos recursos humanos", reivindica Santiago Alvite, firme opositor a la propuesta de AEGA. "Si no retenemos la producción propia, dejaremos de cumplir nuestra misión de servicio público, pero en realidad TVG ya está privatizada; lo que quiere AEGA es oficializar lo que ya hace". Esa iniciativa "supondría la supresión de puestos de trabajo, y por lo tanto es rechazable", subraya.

En el PSdeG, Lage no cierra las puertas a la externalización que propone la asociación de productoras, de la que son miembros a través de sus productoras periódicos como La Voz de Galicia, El Correo Gallego o La Región. Pero incide en el caballo de batalla laboral. "Podría afectar a más del 60% de los trabajadores", avisa. Por lo demás, el diputado socialista precisa que hay "una parte importante de la programación que ya está externalizada", y aboga por "escuchar a todos los sectores". Su propuesta la resume así: "Debemos preservar la misión de servicio público, pero sin descartar la colaboración con el sector privado".

Las productoras, mientras, prefieren dejar actuar a los políticos. "Que se conociera nuestra propuesta nos ha perjudicado. No hablaremos más del asunto, y lo que haya de ser, será", afirma un portavoz de AEGA. Después de matizar, eso sí, que su propuesta no conlleva "en ningún caso" una privatización de la televisión autonómica.