Interior monta una unidad especial para investigar los delitos urbanísticos

Tras dos años de peticiones por parte de la Fiscalía de Vizcaya, Interior ha resuelto crear una unidad para delitos urbanísticos y ambientales integrada por seis ertzainas. Estos agentes todavía se están formando para su nuevo cometido, según señala la consejería en una respuesta parlamentaria escrita a Aralar.

El trabajo de esta unidad especial comenzará en unos meses, una vez concluya la elaboración de los protocolos de coordinación y actuación. La investigación de los delitos urbanísticos y medioambientales sigue recayendo en estos momentos en agentes de diferentes unidades, confirmaron ayer fuentes de Interior.

La constitución del servicio se ha demorado por la complejidad de este tipo de delitos, además del gran número de instituciones y otras entidades que se ven afectadas. El Parlamento aprobó en noviembre pasado una propuesta para que en tres meses se justificase la creación de esta unidad especializada. Sin embargo, no ha sido hasta el pasado verano cuando se ha decidido su puesta en marcha. En junio pasado, los seis agentes elegidos -todos con licenciaturas en Ciencias, Derecho o diplomados en Criminología- participaron en un seminario con 12 fiscales de Medio Ambiente de toda España y han realizado un informe sobre un proyecto de extracción de arenas en Muskiz.

La Fiscalía de Vizcaya pidió ya hace dos años una unidad de este tipo

Desde 2008, la Fiscalía de Vizcaya había pedido oficialmente a Interior dos veces que crease una unidad policial especializada en medio ambiente, ya que hasta el momento ha tenido que recurrir a la UPV o a la Guardia Civil para la elaboración de informes periciales.

La creación de esta unidad supone una vieja reclamación de los colectivos ecologistas, pero también de los fiscales vascos, que se han encontrado con la dificultad de lograr pruebas y datos para perseguir una infracción urbanística o medioambiental. "Son delitos que requieren un ritmo de investigación y una unidad de la Ertzaintza especializada sería una manera de agilizarla. Es algo absolutamente necesario", ha asegurado a EL PAÍS Carmen Adán, fiscal jefe de Vizcaya.

Aunque la situación ha mejorado, a principios de esta década el 90% de las denuncias medioambientales se archivaban por falta de pruebas, con una media de tres escritos de acusación al año. En 2008, según los últimos datos del Tribunal Superior, se abrieron 27 procedimientos judiciales sobre delitos contra el medio ambiente.

Euskadi cuenta con cuatro fiscales especializados en medio ambiente, dos de ellos destinados en Vizcaya. La falta de una unidad especializada en la Ertzaintza les obliga a recurrir al Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil o a la UPV. Así, se han registrado casos, como la investigación de un campo de tiro ilegal en Lezama, en el que la fiscal de Medio Ambiente pidió dos veces la realización de un informe toxicológico a la Ertzaintza sin obtener respuesta. Otro problema es que, debido a la dispersión de competencias, no queda claro cuál es la institución o entidad encargada de tramitar una denuncia.

Aralar, el grupo que más ha insistido en que se crease esta unidad específica en la Ertzaintza, apunta que ahora es el ciudadano quien, tras presentar una denuncia por un delito de este tipo, debe seguir con el proceso, "en vez de que la Administración asuma dicha responsabilidad", sostiene su parlamentario Dani Maeztu.

La última memoria del Tribunal Superior constataba en su apartado de delitos medioambientales un incremento "notable" de las denuncias por contaminación acústica. En 2008, había tres causas pendientes por vertidos de empresas y otras cuatro instruidas por los depósitos de residuos del pesticida lindane en Bilbao y Barakaldo.

La nueva unidad estará integrada en la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial.