Justos por pecadores

Como suele ocurrir casi siempre que el gobernador del Banco de España interviene en público, más todavía cuando lo hace en sede parlamentaria y todavía más desde que se desató la crisis en la que estamos inmersos, sus palabras no solamente no pasan desapercibidas, sino que alimentan el debate público.

Su intervención del pasado martes no ha sido una excepción. Miguel Ángel Fernández Ordóñez propuso que se hiciera un riguroso seguimiento de la ejecución del presupuesto del próximo año, de tal manera que se hicieran sobre la marcha, en el caso de que fuera necesario, las correcciones que fueran precisas, a fin de que se cumpliera el objetivo de la reducción del déficit público al 6%, ya que del cumplimiento de dicho objetivo depende que España mantenga o incluso mejore su calificación crediticia. A tal efecto, propuso que se dispusiera de planes de contingencia que permitieran llevar a cabo esas rectificaciones de la manera más ordenada posible.

En conexión con dicha llamada de atención, el gobernador alertó sobre la necesidad de poner el foco en el gasto de las comunidades autónomas, ya que, en su opinión, no advertía en los Gobiernos de dichas comunidades la misma disposición que había advertido en el Gobierno del Estado para adoptar las medidas de ajuste que la difícil coyuntura económica demanda.

Respecto del toque de atención general sobre la necesidad de cumplir el compromiso de déficit público poco hay que decir, excepto que tal vez hacer esa advertencia en el momento en que los presupuestos no han empezado siquiera a ser discutidos en las Cortes Generales no parezca lo más oportuno. Una cosa es recordar la inexcusabilidad del cumplimiento del objetivo de déficit, que deber ser tomada en consideración por el Parlamento a la hora de aprobarlos y otra muy distinta sembrar dudas anticipadamente sobre los mismos.

Pero es, sobre todo, en la referencia a las comunidades autónomas en la que quiero centrarme, porque, por un lado, me parece muy pertinente, ya que las comunidades autónomas tienen que estar a las duras y a las maduras y no es aceptable que puedan considerar que la política de ajustes no va con ellas, pero, por otro lado, la encuentro muy desenfocada, en la medida en que se refiere a las comunidades autónomas como un todo, como si todas estuvieran siguiendo la misma política en materia de déficit y, además, muy incompleta, ya que quedan fuera los municipios, algunos de los cuales y, sobre todo, Madrid, importan desde la perspectiva del déficit más que buena parte de las comunidades autónomas.

No todas las comunidades autónomas se están comportando de la misma manera en lo que a acumulación de déficit se refiere, ni tampoco lo están haciendo todos los ayuntamientos de las grandes ciudades. Y es importante que esta diferenciación no se pierda de vista, porque, de lo contrario, la referencia a las comunidades autónomas puede acabar convirtiéndose en un ataque con carácter general al Estado de las Autonomías como estructura del Estado de la democracia española. ¿Quién le pone el cascabel a las comunidades autónomas?, se preguntaba Miguel Ángel Aguilar en su telegrama en el informativo de las 14.30 en la cadena SER el pasado miércoles, dando por bueno que la advertencia del gobernador tenía un alcance general y que afectaba a todas ellas sin excepción. Y, sin embargo, como recordó Carmen Martínez Aguayo en Hora 25 en la noche del martes, Andalucía no podía ser equiparada a otras comunidades, porque nuestro ejercicio de austeridad había sido superior.

Sería bueno que cada palo aguantara su vela y que no acabaran, acabáramos, pagando justos por pecadores.