La maraña jurídica de CCM

Hace no mucho el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), afirmó sobre la intervención de la Caja Castilla-La Mancha (CCM) lo siguiente: "Ha sido probablemente la peor intervención. Casi es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer, pero es verdad que no teníamos la legislación adecuada, como ahora". Tenía cierto aire de pesadumbre; pero al mismo tiempo de carpetazo, ya que el 1 de octubre comenzaba a correr el Banco CCM, controlado por Cajastur, y la Fundación CCM.

Sin embargo, lo cierto es que la nueva etapa coincide con el comienzo de los asuntos judiciales. Además de que la Fiscalía Anticorrupción haya abierto diligencias para determinar responsabilidades de los ex gestores, hay en curso dos demandas y, en ciernes, la amenaza de una querella por parte de los ex consejeros que enturbia el asunto. La primera de ellas tendrá su resolución el 5 de octubre. Ese día está previsto que la sala tercera de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional falle sobre la intervención del 28 de marzo de 2009 ante el recurso que presentaron hace 14 meses los consejeros destituidos, incluido el presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó.

Según los consejeros, en cuyo portavoz se ha erigido Federico Rodríguez Morata, ex vicepresidente de la entidad, la intervención fue nula de pleno derecho porque el BE se basó en una segunda inspección que no cumplió los requisitos al no existir acuerdo de inicio de la misma ni se notificó al presidente de la entidad. Esa inspección se inició el 4 de noviembre de 2008 y su escrito de conclusiones se presentó el 23 de abril de 2009, con la caja ya intervenida. En el escrito, que fue demoledor, se hablaba de extralimitación de competencias por parte de Moltó, que no era ejecutivo; de reclasificación de créditos y otras prácticas irregulares. Otro escrito de un día después propuso que se abriera expediente sancionador a los consejeros.

La inspección anterior (abierta el 11 febrero de 2008 y notificada el 21 de octubre) ya marcaba un camino peligroso. Instaba a la caja a aprobar una nueva política de riesgos, un plan de liquidez y a computar contra resultados 196 millones de minusvalías en Colonial,

Parquesol y Afirma, aunque no hacía requerimientos sobre solvencia o liquidez.

Los consejeros argumentan, asimismo, que esa segunda inspección la firma Carlos Hervás, quien 20 días antes de haber sido nombrado administrador provisional de la caja por parte del BE había formado parte del equipo de inspección. A su juicio no se puede compatibilizar porque un inspector puede ser nombrado administrador, pero durante el tiempo que despliegue esa actividad no puede ejercer de inspector.

La balacera no acaba ahí. Los consejeros aportaron el balance de CCM enviado por el BE a la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) el 4 de marzo de 2009 en la que aparece un superávit de recursos propios o solvencia de 90.319.000 euros y un patrimonio neto de 985 millones a finales de 2008.

El BE decidió la intervención, sin embargo, basándose en las actuaciones "de extrema gravedad" que habían aparecido en la segunda inspección y cambiaban mucho el panorama: CCM tenía una ratio de solvencia del 7,2% (lo mínimo exigible es el 8%), a que la propia entidad había solicitado una inyección de liquidez de 900 millones y que tenía un 5,1% de morosidad. A eso hay que añadir un elemento clave: la ruptura de las negociaciones para integrarse en Unicaja. Los consejeros mantienen que, en todo caso, tendrían que haber sido intervenidas varias cajas, y que la inyección de liquidez lo había pedido la caja por mandato del consejo cuando se alertaron de la situación.

Para el BE lo esencial fue que había que destituir al órgano de administración al completo porque no quedaba más remedio ante la situación de la caja. Pero los consejeros, en defensa de su integridad, quieren limpiar su imagen y se centran las responsabilidades ante unas actuaciones del equipo directivo, del que aseguran recibían información muy distinta a la que afloró.

El fallo se conocerá a final de mes. Mientras tanto hay otra demanda sobre el expediente sancionador. Los consejeros, en esta ocasión 11 y sin Moltó, se personaron la última semana de julio para anunciar la interposición de recurso frente a la sanción, de hasta 100.000 euros, exceptuando las de Moltó y el director general, Ildefonso Ortega, que son de 155.000 y 150.000 y una inhabilitación de cinco años. La Audiencia está a la espera del expediente del BE para dictar providencia y que se presente la demanda en un plazo de 20 días.