Fatiga de los materiales
Si en la pasada legislatura fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial la que gravitó de una manera enormemente perturbadora sobre nuestro sistema político, en esta ha sido la renovación del Tribunal Constitucional la que ha venido a actuar de una manera similar. Los cambios en el Consejo se pactaron de una manera que no se puede considerar satisfactoria pero que, dada la situación en que se encontraba la institución y la crispación reinante, fue la menos mala de las posibles. Con el Tribunal Constitucional parece que va a ocurrir lo mismo. Si se confirman las noticias que anticipan los medios de comunicación, se va a proceder de manera inmediata a la renovación del tercio de magistrados cuya designación corresponde al Senado, que van a haber visto prorrogado su mandato en prácticamente tres años; además, parece que existe ya un principio de acuerdo para hacer lo propio con los magistrados cuya designación corresponde al Congreso de los Diputados, cuyo mandato finaliza en noviembre. También parece existir un principio de acuerdo para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) a fin de reducir el mandato de los próximos magistrados designados por el Senado en tres años, de tal manera que se pueda continuar produciendo en el futuro la renovación por tercios prevista en la Constitución.
Los magistrados del Tribunal Constitucional deberían aprovechar estos seis años para relegitimar la institución
Si todo esto se produce, y perdonen el condicional pero en este terreno hasta que no haya decisiones firmes e irrevocables no se puede dar nada por cierto, tendremos asegurado que no se podrá plantear otra crisis de renovación hasta dentro de seis años, ya que la designación de los magistrados cuyo mandato tiene que ser renovado dentro de tres años corresponde al Gobierno y al CGPJ y en ellos no es necesario el acuerdo del PP y el PSOE que resulta imprescindible en Congreso y Senado.
El Tribunal Constitucional va a disponer, pues, de seis años de normalidad en lo que a su composición se refiere para desempeñar la importantísima tarea que tiene constitucionalmente encomendada. Podrá gustar más o menos la designación que se haga de los magistrados por el Senado o por el Congreso o la que se haga dentro de tres años por el Gobierno o por el CGPJ, pero los elegidos tienen un horizonte de seis años de normalidad institucional, lo que no es poco para que puedan poner en marcha un proceso de recuperación de la legitimidad del alto tribunal, que se ha visto muy disminuida en estos últimos años.
Porque hay que insistir en que esta depende ante todo del ejercicio que hacen los magistrados de la función que tienen constitucionalmente encomendada. No puede olvidarse que no se les puede responsabilizar de las crisis de renovación, ya que esta depende formalmente del Congreso y del Senado y materialmente de los dos grandes partidos españoles, que son los únicos que disponen de los tres quintos en ambas Cámaras exigidos por la ley fundamental; pero tampoco se puede pasar por alto que la conducta de los magistrados puede constituir un incentivo muy poderoso para que no se alcance un acuerdo entre estos partidos para proceder a su renovación. A buen entendedor, con pocas palabras bastan.
En todo caso, en los próximos seis años el Tribunal Constitucional puede desempeñar su tarea sin interferencias que no sean perfectamente resistibles y va a depender, en consecuencia, básicamente de él que la opinión pública lo reconozca como lo que realmente debe ser, el guardián de la Constitución, protegiéndola frente a la erosión que pueda producirse por quienes pueden hacerlo.
Pero no solamente los magistrados deberían aprovechar estos seis años para relegitimar la institución, sino que también las Cortes Generales deberían hacer uso de los mismos, a fin de impedir que, cuando hayan transcurrido, pueda volver a plantearse otra crisis de renovación. Ahora se dispone de tiempo para poder pactar una reforma de la LOTC que permita evitar que vuelva a ocurrir lo que viene ocurriendo desde la primera renovación, aunque cada vez con más intensidad.
La crisis de esta legislatura no ha sido la primera, aunque sí ha sido, con mucha diferencia, la más grave de todas las que se han vivido. Justamente por eso, porque hemos visto el potencial tan intensamente destructor que tiene una crisis de este tipo, se debería hacer todo lo posible para que no pueda producirse de nuevo. Esta vez se ha evitado una crisis sistémica por los pelos. No se debería permitir que se pudiera producir en el futuro. La fatiga de los materiales también se produce en las instituciones.
