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EL GRAN JUICIO CONTRA LA CORRUPCIÓN EN MARBELLA

Roca ataca la instrucción del 'caso Malaya'

La defensa del principal procesado intenta desacreditar el trabajo del juez Torres y pide su anulación - El juicio, con 95 procesados, arranca cinco años después

La justicia malagueña consiguió ayer lo que muchos creían una quimera: sentar en el banquillo a los 95 procesados del caso Malaya, la gran trama de corrupción municipal en Marbella. El juicio arrancó a las diez de la mañana con inusual puntualidad en la Ciudad de la Justicia de Málaga. A esa hora, todos los procesados excepto dos, excusados por enfermedad, habían franqueado la barrera de periodistas que les aguardaban a las puertas de la Audiencia y ocupaban los asientos que les había asignado el tribunal. Sin embargo, las primeras palabras de la mayor vista oral de la historia judicial española -al menos así es por el número de acusados- no se escucharon hasta tres cuartos de hora después, cuando todos los asistentes hubieron firmado el acta de asistencia.

La letrada Rocío Amigo reclamó la nulidad de las escuchas telefónicas

El ex asesor urbanístico se pasó toda la sesión tomando notas

El juicio arrancó con el estudio de las cuestiones previas, en las que los letrados impugnan partes de la investigación que en su opinión vulneran los derechos de sus clientes. El primer turno lo ocupó Rocío Amigo, abogada del ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca. En un alegato breve y ordenado, Amigo reclamó a la sala que anulara el proceso desde su base.

La letrada empezó atacando la declaración que en octubre de 2005 prestó en el juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el entonces jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, Jorge González. En su declaración ante el juez Miguel Ángel Torres, con motivo de una causa menor de concesión de licencias, el funcionario contó que Roca era la persona que decidía "absolutamente todo" en el Ayuntamiento y que todas las decisiones urbanísticas ilegales pasaban por su despacho. Esta declaración sirvió para que el juez Torres abriera una investigación judicial secreta contra Roca, que está acusado de blanquear 245,1 millones de euros, según el fiscal.

La letrada Amigo sostuvo que con la declaración de González solo se podía imputar inicialmente a Roca delitos contra la ordenación del territorio y de tráfico de influencias. Por lo tanto, expuso, las acusaciones de malversación, cohecho, fraude y blanqueo de capitales por los que el fiscal pide 30 años de cárcel y 810 millones de multa para el ex asesor urbanístico no son válidas.

La abogada del supuesto cerebro de la trama dedicó la mayor parte de su exposición a pedir la anulación de las escuchas telefónicas. Estos pinchazos permitieron dar forma al caso y justificaron la mayoría de detenciones practicadas el 29 de marzo de 2006. Según la letrada, con la sola declaración de Jorge González no había motivos que justificaran la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Y sostuvo que el juez Torres autorizó a la policía que pinchara todos los teléfonos posibles "de forma prospectiva y para ver si salía algo". Amigo dijo también que el primer instructor de la causa "se inventó" el hecho de que Roca tenía un patrimonio difícil de justificar y de origen supuestamente ilícito.

Rocío Amigo, con despacho en Estepona (Málaga), aceptó la defensa de Roca el pasado julio, después de que el letrado habitual del ex asesor, el madrileño Aníbal Álvarez, renunciara a seguir con él. Álvarez adujo que al estar embargados los bienes de Roca, no había podido cobrar sus minutas.

Otra abogada, Yolanda Terciado, que apoyó ayer circunstancialmente a Amigo, intentó mostrar que carecían de justificación las órdenes judiciales de entrada y registro en las oficinas de Roca. Esta letrada defendió la nulidad de estas diligencias policiales ya que en ellas no estuvo presente el ex asesor urbanístico al estar detenido.

En la primera fila del banquillo de los acusados, Juan Antonio Roca, de traje azul y corbata, tomaba notas todo el tiempo. Separado por tres policías se encontraba su hombre de confianza, Óscar Benavente, y en las filas posteriores, los otros 91 acusados presentes: ex alcaldes, ex concejales, abogados y testaferros, personajes más o menos secundarios de un juicio que ya ha echado a andar.

Un abogado denuncia el extravío de 5.000 folios

La segunda intervención de la jornada inaugural del juicio del caso Malaya la protagonizó el abogado Horacio Oliva. El letrado, uno de los penalistas más reputados de España, representa a cuatro de los socios del bufete Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, despacho madrileño que supuestamente gestionaba el entramado de sociedades tras el que Roca ocultaba su fortuna.

Oliva dio una de las sorpresas de la jornada cuando denunció ante la sala que en el sumario faltan 5.000 folios -los situados del 51.157 al 56.157-. El letrado afirmó que este "salto" hace dudar de que los acusados tengan "garantías legales" y pidió al tribunal que haga lo posible por recuperar estos documentos. Oliva, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense, está también personado en otro de los grandes juicios por corrupción en Marbella que se siguen en la Audiencia de Málaga: ejerce la defensa del principal acusado del caso Ballena Blanca, el abogado chileno Fernando del Valle. Precisamente, el desarrollo de esta causa por blanqueo ha estado marcada por el extravío de 17 legajos de documentos.

Para evitar que sucediera algo similar en el caso Malaya, en junio pasado, el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero, solicitó a la Audiencia malagueña que tomara las medidas necesarias para que todos los documentos de la causa "puedan ser utilizados en el juicio oral".

En su intervención de ayer, Oliva cuestionó el hecho de que los letrados fueran detenidos y no citados, y afirmó que los autos del juez Miguel Ángel Torres que autorizaban los arrestos son "nulos". Además, consideró que las detenciones de los abogados de Roca provocaron una "indefensión real" al ex asesor urbanístico marbellí.

La sesión de ayer la cerró precisamente uno de estos abogados, Francisco Soriano, que ejerce su propia defensa. Soriano fue el que más duramente atacó al juez Torres. "Ha sido un juez parcial e inquisidor, como los que quisieron evitar la Ley de Enjuiciamiento Criminal hace dos siglos", afirmó. En cuanto al fondo, sostuvo que Torres "no era el juez predeterminado por la ley para este caso, ya que estaba en comisión de servicios cuando abrió la investigación".

La anécdota de la jornada la protagonizó la acusada Pilar Román. El presidente de la sala, José Godino, autorizó a la hija del ex concejal Pedro Román a ausentarse de la sala para poder dar el pecho a su hijo recién nacido. A la sesión de ayer faltaron, además, los acusados José Igeño Mora y Enrique Ventero Terleira, que se encontraban enfermos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de septiembre de 2010

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