Crisis de imagen, pero no de afiliados

¿Héroes o villanos? Desde que Comisiones Obreras y UGT convocaron la huelga general contra la reforma laboral del Gobierno, algunos políticos del PP y los medios de comunicación más conservadores han cuestionado el papel de los sindicatos y se han cebado con quienes en época de crisis pudieran resultar más impopulares: los liberados sindicales, aquellos trabajadores que dedican su jornada a mediar entre los empleados y la empresa -en sentido amplio- y a cambio se les garantiza el puesto de trabajo sin riesgo de despido mientras dura su mandato. ¿Son unos parásitos sociales, que cobran sin trabajar, como ha dado a entender la presidenta de la Comunidad de Madrid al anunciar un recorte de 1.930 liberados en la función pública? ¿Resultan "catastróficos", como les ha calificado el consejero de Educación de la Generalitat valenciana? ¿O son personas "sacrificadas, generosas e imprescindibles", según la definición de miembros de las ejecutivas de las dos centrales mayoritarias? Y, en medio de la polémica, ¿cuántos son?

En las Administraciones públicas hay un 0,14% de liberados

"Siempre habrá quien tenga que poner freno a los abusos", dice Cubillo

Su relevancia social está respaldada por ocho millones de votos de asalariados

CC OO: "La crisis golpea y muchos piden ahora el carné de sindicalista"

Esta última pregunta no tiene respuesta. El número de liberados de las empresas españolas viene determinado por las horas acordadas para ejercer la labor sindical. El Estatuto de los Trabajadores fija los mínimos, pero cada negociador elige cuánto tiempo sindical se reparte y entre quienes. Puede distribuirse entre todos los delegados o concentrarse en una o más personas a jornada completa. Las empresas privadas no tienen obligación de comunicar la distribución interna de esos tiempos. En las administraciones públicas, los liberados representan el 0,14% de la plantilla, según manifestó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega durante un agrio debate con el PP en el Senado la semana pasada.

Esperanza Aguirre cree que ajustando los mínimos legales en la Comunidad de Madrid sobran liberados. La presidenta entiende que sus antecesores -y probablemente ella misma, que va ya a por la tercera legislatura- han mantenido "inflado" el censo para garantizarse la paz sindical. El ajuste en estos tiempos duros ahorrará, dice, 46 millones de euros anuales.

"Yo desde luego no soy ningún parásito", comenta con cierta resignación Juan, vigilante jurado de una empresa de 1.500 trabajadores, con una nómina de 875 euros, horas aparte. Este afiliado a CC OO lleva 23 años vigilando el metro de una gran ciudad y ejerce como liberado sindical desde 2005. "Hoy he ido al sindicato y al centro de trabajo desde las 8.30 y acabo de llegar a casa (a las 21.45). Menuda liberación tengo yo".

Buena parte del día lo ha dedicado Juan a reclamar los atrasos que les corresponden a todos por las horas extraordinarias, después de que el Tribunal Supremo haya fallado a favor de un trabajador que recurrió a la justicia. También se ha opuesto sin éxito al 70% de servicios mínimos de su sector para el 29-S y a estudiar a fondo una denuncia por acoso laboral: "Este es un asunto delicado, porque a veces es verdad y a veces no". Lo que se le da bien, dice, es confeccionar nóminas paralelas de trabajadores enfermos "porque regatean a la baja, y por ahí no pasamos". Asegura que se siente cómodo en su papel porque le gusta mediar y ayudar a sus compañeros como querría que le ayudaran a él, pero recuerda que junto a las ventajas están los inconvenientes: "En cuanto deje de ser delegado, y pasen los dos años legales de protección, seré el primer despedido. Los jefes me guardan unas cuantas".

Pese a los ataques de cara a la galería, los empresarios consultados reconocen que prefieren negociar el convenio con el comité y unos pocos interlocutores liberados que con muchos parciales. "Simplifica la organización de los turnos. Y facilita el entendimiento", asegura el dueño de una franquicia de productos para el hogar. Aunque añade que si se actúa de mala fe, también resulta más sencillo enredar a uno que a varios, cuando no comprar su voluntad.

Una serie de encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre 2005 y 2010 revela que casi la mitad de la población recela de las grandes centrales sindicales porque las percibe como dinosaurios empresariales con plantillas burocratizadas y cientos de millones de euros para gestionar, no siempre de manera transparente.

Y es cierto que mantienen altas cotas de poder y generosa financiación. Durante 2009 recibieron 15,8 millones de euros en subvenciones directas de los presupuestos generales, de los cuales algo más de 12 millones fueron para UGT y CC OO, ya que ambas centrales acaparan el 80% de la representación sindical. Además, ingresan cerca de tres millones por participar en órganos consultivos del Ministerio de Trabajo, aunque la parte del león en esta partida se la lleva la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). A través de las fundaciones y la gestión de programas concretos, como los cursos de formación, patronal y sindicatos mueven en torno a los 700 millones, a los que hay que sumar las subvenciones del fondo social de la Unión Europea.

Los sindicatos españoles están respaldados por el voto directo de ocho millones de asalariados, según datos de 2009 del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Y ahí radica su fuerza. Comisiones Obreras, UGT y el resto de sindicatos no son gigantes sociales por el número de afiliados -cinco puntos por debajo del 25,1% de la media europea-, sino por "los 26.000 expertos sindicales que intervienen anualmente en la negociación colectiva, los más de 100.000 delegados de salud laboral que se ocupan de la seguridad y prevención de riesgos en las empresas y los 340.000 delegados que asumen la interlocución y defensa cotidiana de los trabajadores dentro y fuera de los centros", como señalaban el pasado sábado en un artículo de opinión en EL PAÍS Pere J. Beneyto y otros nueve profesores de Universidad.

"Su papel en una democracia avanzada es fundamental porque ya no son sindicatos de obreros, sino de ciudadanos. No representan a sus militantes o simpatizantes, sino al conjunto de los trabajadores, aunque sean de ideología opuesta e incluso echen pestes contra ellos", apunta Álvaro Soto, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid.

Atrás quedaron las grandes cadenas de producción plasmadas por Charles Chaplin en Tiempos modernos, cuando el protagonista asumía su labor ininterrumpida de apretar tuercas con tal intensidad que enroscaba los botones de los abrigos de las señoras que se cruzaba por la calle. Fue en ese tiempo cuando los sindicatos adquirieron músculo para la lucha. Aquello pasó, como han ido pasando casi todas las grandes y traumáticas reconversiones, y ahí siguen, aumentando cada año la tasa de afiliación. Ahora, cuando el mercado de trabajo tiende a la externalización de servicios y a la fragmentación, las centrales sindicales pueden verse abocadas a redibujar su función. "Globalización, tecnologías, el acecho de los mercados asiáticos y latinoamericanos... Existe un gran reto para los sindicatos", comenta el catedrático Soto.

Los portavoces de las grandes centrales dicen estar preparados para ese reto. José Javier Cubillo, secretario de Organización de UGT, afirma: "No hay más fragmentación laboral ahora que en los años setenta y ochenta, cuando defendíamos las condiciones de trabajo de las cosedoras caseras de las firmas de moda de Galicia. Tampoco la economía global y la era tecnológica nos preocupan. Siempre habrá quien quiera hacer negocios y quien tenga que poner freno a los abusos. Lo que nos preocupa de verdad es otro asunto, y de mayor calado".

José Javier Cubillo se refiere a lo que él entiende como un cambio radical de las reglas del juego. Lo resume así: "Hasta el estallido de la actual crisis, en la que los banqueros se han estafado unos a otros, nos movíamos en un terreno que era bueno para todos. O al menos no era malo. Los empresarios buscaban rentabilidad y nosotros progreso; ellos querían estabilidad, y nosotros bienestar social. Era un modelo capitalista productivo. ¿Qué ocurre ahora? Me temo que hemos entrado en el reino del capitalismo especulativo. Ahora parece que prima el lema de coge el dinero y corre. Se trata de conseguir una rentabilidad lo más alta posible en el menor tiempo posible, y el que venga detrás que arree. Los ingenieros de la especulación y sus defensores de la derecha más radical lo denominan Mercado de Productos Estructurales de Alta Rentabilidad. Da la impresión que el viento sopla a su favor y que quieren comerse el mundo".

El secretario de Organización de UGT cree que estos lodos provienen del polvo levantado poco después de la Transición. Habla del primer Gobierno de Felipe González: "Para Solchaga, Boyer y otros liberales socialistas por el estilo, los sindicatos ya éramos un engorro. Pero las cosas eran diferentes y estábamos condenados a entendernos. El esfuerzo era mutuo. Ahora, el liberalismo agresivo tan de moda en Europa parece que quiere borrarnos del mapa. Quieren convencer a la opinión pública de que en un mercado multinacional somos reliquias del pasado".

Reliquias o no, una buena parte de la ciudadanía está convencida de que su papel es ahora más necesario que nunca y no ve factible prescindir de los sindicatos en un momento de tanta incertidumbre como el actual. Es lo que explica la potente implantación en Europa: "Sus casi 60 millones de afiliados hacen del sindical el mayor movimiento organizado de la UE-27", destaca Beneyto. El catedrático Álvaro Soto incide en la estrecha imbricación de los grandes sindicatos españoles con la Confederación Europea de Sindicatos, convocante de la europrotesta de pasado mañana.

En España, se consideran necesarios pero no gozan de muy buena imagen. Las encuestan secuenciadas del CIS entre 2005 y 2010 revelan que la mayoría confía en ellos pero les critica. En una escala de simpatía del uno al 10 sobre valoración de instituciones y movimientos sociales, solo son superados en antipatía por el movimiento okupa y los partidos políticos. El rechazo a los sindicatos es casi igual -una décima de diferencia- al mostrado hacia las organizaciones religiosas. Y, sin embargo, año tras año aumentan en afiliación: UGT cuenta con 1.242.200 socios que cotizan unos 10 euros al mes -con descuento a parados, jubilados o jóvenes en busca del primer empleo-. CC OO, que mantiene una cuota similar, va por 1.203.300 afiliados. Entre los dos, suman más de 150.000 socios nuevos con respecto a 2007, año en el que los más avispados empezaron a vislumbrar la crisis.

El portavoz de CC OO, Fernando Lezcano, interpreta esa dualidad de confianza y rechazo: "Existe un sentimiento atávico en los españoles que tiende a identificar el ejercicio del poder con el enriquecimiento personal y el nepotismo. Por eso se desconfía de oficio de políticos y sindicalistas". Añade: "Sí, sí, claro que hay quien se aprovecha del cargo y coloca a sus familiares, pero son casos aislados. La gente lo sabe. Y con la crisis golpeándoles sienten miedo. Entonces toman conciencia de que podemos ayudarles y vienen a darse de alta. Muy bien. Para eso estamos".