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COLUMNA

Pésimo indicador

En democracia se puede discutir casi todo o sobre casi todo, pero no todo. Hay principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión porque constituyen el núcleo esencial del consenso en el que tiene que descansar la construcción de toda sociedad y todo Estado democráticos dignos de tal nombre. Los derechos fundamentales no son discutibles. Se podrá discutir respecto de algunos de ellos y no respecto de todos, el alcance con que deben ser reconocidos en el texto constitucional, pero su reconocimiento en cuanto tal no puede serlo. Es la indiscutibilidad de estos derechos lo que nos permite discutir civilizadamente todo lo demás. Sin dicha indiscutibilidad estaríamos en la jungla.

Pero en democracia no solo hay principios que no se pueden discutir, sino que hay temas sobre los que, aunque se pueda discutir, no se debería hacerlo, porque el juicio moral sobre los mismos es necesariamente incontrovertible y su discusión solo puede acabar en posiciones miserables. Su inclusión en el debate político es un indicador de una situación patológica, que debería hacernos reflexionar.

Uno de estos temas debería ser el de la reparación moral de aquellas personas que fueron vejadas en la guerra civil. Cuando tuve conocimiento ayer de la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía de indemnizar a las mujeres que puedan acreditar que fueron salvajemente vejadas durante la guerra o en la década posterior, sentí vergüenza de que a estas alturas del guión todavía no se hubiera producido por parte de la sociedad a través de sus órganos representativos un reconocimiento de la injusticia que se había cometido con ellas y que no se hubiera acordado alguna medida de reparación moral.

Obviamente, no se trata de dinero. No hay manera de indemnizar a una persona que ha tenido que vivir desde la adolescencia con las secuelas de una vejación pública, que no ha podido no dejarle heridas muy profundas. Se trata de que esas personas vean que la sociedad en que ellas actualmente viven levanta oficialmente acta de lo que a ellas les sucedió y reconoce su dolor como un elemento más de los que han contribuido a acabar forjando la democracia que hoy tenemos. Es un reconocimiento de que su dolor no ha sido completamente estéril.

Sobre una reparación moral de esta naturaleza no debería abrirse ningún tipo de discusión política. Si no hay unanimidad ante un hecho como éste, ¿ante qué lo puede haber? ¿Cómo se puede decir, como ha dicho Francisco Granados, consejero en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se trata de una medida "vomitiva", que supone añadir una nueva vejación para las mujeres a las que está dirigida esta reparación moral? ¿Cómo se puede entender que el portavoz del PP en Almería diga que con esta decisión el Gobierno socialista pone de manifiesto que sólo le interesan los muertos como instrumento para hacer política? ¿Cómo pueden traerse a colación los principios de "igualdad y no discriminación", como ha hecho María Dolores de Cospedal, afirmando que, con esta decisión, se está discriminando positivamente a las mujeres que sufrieron vejación en la guerra e inmediatamente después respecto de las que la sufren hoy?

Cuando sobre algo no se puede discutir, porque es de una claridad meridiana y no admite más que una respuesta desde una perspectiva moral, y sin embargo se discute, se acaba desbarrando de manera inevitable. Creo que tanto el presidente del PP en España como el de Andalucía deberían poner fin a una discusión, que nunca debería haber empezado y que no es más que un nuevo indicador de la forma tan poco saludable de debatir políticamente que se está imponiendo en nuestro país.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de septiembre de 2010