La Comisión Jurídica aprecia varias contradicciones en la ley antitabaco

Que la ley antitabaco vasca quiera prohíbir fumar en coches, un espacio privado, cuando viaje en ellos un menor, y no en otros espacios similares, como pueden ser los txokos, le resulta "contradictorio" a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que emitió a finales de julio su dictamen no vinculante sobre la futura normativa.

El informe también alude a las prisas del Gobierno a la hora de desarrollar y llevar a la Cámara de Vitoria el proyecto, un proceso que corre paralelo a la aprobación de la ley de ámbito nacional en el Congreso. El preceptivo dictamen del principal órgano jurídico asesor del Ejecutivo, aprobado por unanimidad y adelantado ayer por la SER, se muestra tajante al respecto: "Es claro que la futura ley autonómica no podrá aprobarse antes que la ley estatal", debido a que debe tener a esta como referente básico.

La comisión cree que la ley vasca no puede aprobarse antes que la estatal

"En principio, la presencia de menores en otros espacios privados cerrados [como los txokos] no arrastra consigo la prohibición de fumar", razona la comisión. Y añade que "no puede ser aceptable" que la medida obedezca no a su incidencia en la salud, sino a que "pudiera ser más fácilmente controlable" su cumplimiento.

Fuentes del Departamento de Asuntos Sociales, que ha elaborado la norma, replican que la contradicción que aprtecia el dictamen no es tal: "Simplemente, hemos recogido una recomendación de la UE. No se puede comparar un coche, un sitio de espacio muy reducido y donde la nocividad del humo es mucho mayor, con otros ámbitos privados más amplios".

Asuntos Sociales no ve tampoco problema alguno en que se apruebe la ley vasca antes que la estatal, ya que la normativa autonómica, que comenzó su tramitación en el Parlamento de Vitoria a principios de mes, no contradice la "base" de la que saldrá del Congreso. "Si hasta la ministra de Sanidad [Trinidad Jiménez] nos ha aplaudido", recalcan las citadas fuentes.

En el caso de la prohibición absoluta de fumar en un hotel prevista en el texto autonómico, la Comisión Jurídica considera que supone una "restricción muy acusada" y que su finalidad sanitaria resulta "difusa", recordando que las habitaciones de los clientes son también espacios privados.

El dictamen también propone eliminar las funciones de control que el texto otorga a la Ertzaintza y a las policías locales. La comisión considera que tales labores no se encuadran en las competencias de ambos cuerpos. El informe recalca que a la Ertzaintza solo le corresponde perseguir el consumo y el tráfico de drogas ilegales. Además, según la ley nacional vigente, el control de estas normativas es "típicamente administrativo", una función que no recae en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Otra cosa", añade el dictamen, "es que puedan auxiliar a los inspectores cuanto éstos así lo demanden para el ejercicio de sus funciones o que puedan formular denuncias al ser testigos" de una infracción.

La Comisión Jurídica cree adecuado que las tareas de inspección sean asumidas por los funcionarios que realizan este tipo de actividades en otros ámbitos, como la sanidad, el turismo o el consumo. Pese a que "normalmente", según el informe, se suele crear un cuerpo específico de inspectores, que los ya existentes asuman estas tareas "puede ser una medida suficiente o, incluso, más operativa". La potestad sancionadora estará en manos de las delegaciones territoriales de la consejería.

El Gobierno espera que se registre un aumento de las denuncias por fumar en lugares prohibidos (en 2009 fueron 114). Calcula que si se abren entre 100 y 150 expedientes sancionadores y de ellos 100 se resuelven con una multa se recaudará unos 30.000 euros en el primer año, dinero que se destinará a prevención en drogodependencias.