Condenados a no morir

A Cecilio Barragán le llevaron a despedirse de su esposa, Remedios Valiente, y de sus seis hijos poco antes de ser fusilado en Cumbres Mayores (Huelva) el 24 de septiembre de 1936. Sin embargo, Remedios, como cuenta su hijo Marcelino, "murió sin ser viuda" porque el fallecimiento de su esposo no se registró hasta 2008 y tras una lucha administrativa que llegó a ser en ocasiones humillante. Pero aún así tuvo suerte. Miles de represaliados por el franquismo siguen condenados a no morir por las trabas en los registros civiles a inscribir su defunción. Una docena de asociaciones pidieron en diciembre que la modificación de la ley de registro, que está ahora en trámite, corrija estas deficiencias y facilite las inscripciones. El proyecto del Gobierno aprobado el pasado mes de julio no lo prevé y las ONG han emprendido una campaña para exigirlo. Los historiadores calculan que entre el 30% y el 50% de los muertos por los fascistas no están inscritos.

Los historiadores calculan que más de un tercio de muertes están sin inscribir

"Mi madre murió sin ser viuda" afirma el hijo de un fusilado en Cumbres Mayores

A veces, para ocultar el fusilamiento, se achaca la defunción a una hemorragia

El Gobierno afirma que aún estudia la documentación de las ONG

"El caos con el registro de los asesinados por el franquismo nunca se ha resuelto", destaca el historiador Francisco Espinosa. Durante los primeros momentos, se dio orden de no inscribir a los fusilados con la intención de ocultar la sangrienta represión. Cuatro meses después del golpe se establece un procedimiento "engorroso" e imposible de cumplir para muchos de los afectados. Se obliga a presentar testigos, una exigencia que muchos jueces siguen pidiendo.

"Había muchas viudas y huérfanos que no lo eran porque se quedó mucha gente sin inscribir", afirma Espinosa, uno de los investigadores que más documentación ha estudiado sobre los represaliados y autor de los libros La Guerra Civil en Huelva y La columna de la muerte. En 1978, la UCD aprueba unas pensiones de guerra para, "de forma velada", reconocer un pago de unos 6.000 euros a las víctimas de los golpistas. Esta iniciativa moviliza a muchos familiares y "sirve como aviso del caos", comenta el historiador. Había personas cuya muerte se había registrado por triplicado, pero de muchos, por el contrario, no había constancia.

Espinosa cree, como otros historiadores, que más de un tercio de los represaliados no están inscritos. No hay datos generales por las deficiencias registrales mantenidas desde hace 70 años, pero se sabe que en Huelva hay constancia de 3.000 fallecimientos cuando fueron asesinadas más de 6.000 personas, según las investigaciones de bandos y consejos de guerra. El mismo porcentaje se repite en Sevilla. En otros lugares, la diferencia es mucho más acusada. En el pueblo onubense de Manzanilla no hay registrados ni el 20% de los asesinados.

"El objetivo de la modificación legal es acabar con este desastre y permitir que, por ejemplo, los ayuntamientos puedan facilitar las inscripciones para terminar con un problema de dimensiones jurídicas, sociales y, sobretodo, personales. Hay miles de personas que nacieron y no han muerto. Eso es ilegal y hay que solucionarlo", aclara Espinosa.

El proceso de inscripción de las víctimas ha estado marcado siempre por una complejidad que facilitaba los rechazos en instancias judiciales de ideología contraria a los demandantes. De esta forma, se solicitan media docena de certificados y testigos de unos hechos que difícilmente contaban con testimonios presenciales y menos 70 años después. Además, cualquier proceso cuesta más de 2.000 euros.

En algunos casos, como a Remedios Valiente, le ofrecieron que declarara que su esposo, fusilado, murió en accidente de coche. "Pero ella", recuerda su hijo, "nunca quiso traicionar la verdad".

Marcelino comenzó en 2005 el trámite para inscribir la muerte de su padre en Cumbres Mayores (Huelva). Le pidieron dos testigos que no fueran familiares y los encontró un año después. No fue hasta 2008, tras un cambio de titulares en el juzgado de Aracena, cuando esta herida quedó cerrada.

La historia de Barragán es común. En otros casos se intenta que la causa de la muerte sea por "choque con fuerza armada", para dar a entender que el fallecido se encontraba en actitud beligerante, o por "hemorragia interna", sin que se aclare que la causa de la misma fueron los disparos del pelotón de fusilamiento, o por "traumatismo craneal", evitando aclarar que fue originado por un tiro.

Vicente Almeida, vecino de Sevilla, presentó pruebas documentales de la muerte de su padre, Domingo, el 19 de septiembre de 1936 tras ser apresado y herido cuando formaba parte de la Columna de los 8.000 y abandonado sin atención en Llerena (Badajoz). Incluso consiguió un testigo que fue a declarar, pero cuando llegó el día se encontraba mal y no pudo ratificar el testimonio. Poco después murió. El juzgado de Llerena denegó la inscripción porque "no hay certeza absoluta del fallecimiento sin ningún género de dudas".

Casos como estos abundan en las asociaciones de memoria histórica, que insisten en reclamar un trámite ágil que acabe con "citaciones esperpénticas que para las familias de las víctimas tiene una fuerte carga dramática y emocional", afirma Cecilio Gordillo, coordinador de CGT para la memoria histórica.

La campaña iniciada por una docena de organizaciones pide que los ayuntamientos puedan inscribir a sus vecinos muertos, que las familias dispongan de asesoramiento, que estos casos se incluyan en los procedimientos de justicia gratuita y la inscripción de oficio cuando el juez tenga en su poder documentación suficiente que pruebe el hecho de la muerte.

"Setenta y cuatro años después de la masacre y más de treinta de las primeras elecciones democráticas, ningún Gobierno ha favorecido la modificación de la ley, pese a que todos los grupos parlamentarios conocen esta situación", se lamenta Gordillo, quien cuenta con adhesiones unánimes de decenas de plenos municipales, pero cuyos integrantes no se comprometen a la hora de concretar las modificaciones legales.

Fuentes del Ministerio de Justicia afirmaron que está en estudio la documentación aportada por las asociaciones.