El PSE remite al fiscal el informe del Tribunal de Cuentas del 'caso Margüello'

El informe elaborado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que ratifica las irregularidades cometidas bajo el anterior Gobierno en la contratación con varias empresas sanitarias para cubrir servicios de Osakidetza, llegará hoy a manos de la Fiscalía de la Audiencia de Vizcaya para que compruebe si alguna de las personas vinculadas al caso Margüello ha podido cometer algún delito.

El grupo parlamentario socialista decidió ayer remitir el informe al fiscal. El Ministerio Público ya decidió en julio pasado acusar al ex director de Sanidad en Vizcaya José Ramón Elorriaga de prevaricación -dictar una resolución injusta a sabiendas- por expedir una autorización para contratar con Osakidetza a una de las empresas de la que es apoderado José Carlos Margüello, entonces director de Calidad del Hospital de Cruces.

La fiscalía ya acusó al ex director de Sanidad de Vizcaya por prevaricación

La comisión de investigación analizará si envía también la auditoría

El portavoz socialista en el Parlamento, José Antonio Pastor, ha remitido junto con el informe una carta al fiscal en el que pide que evalúe el contenido del informe del tribunal, adelantándose a la posible remisión del documento por parte de la comisión parlamentaria que investiga el caso Margüello.

La decisión llega después de que el presidente del organismo auditor, José Ignacio Martínez Churiaque, detallase anteayer el contenido del informe durante seis horas a los parlamentarios de la comisión. Tras su comparecencia, Churiaque aseguró a los periodistas que ningún partido había cuestionado los puntos fundamentales del texto -las irregularidades-. Daba así a entender que el PNV no niega las deficiencias.

Las dos parlamentarias socialistas que participan en la comisión, Blanca Roncal y Miren Gallastegui, adelantaron ya en julio que enviarían el informe para esclarecer si existen responsabilidades penales entre los involucrados en el caso Margüello. Esta decisión fue recibida con críticas por el PNV y el PP, que reprocharon a los socialistas que no esperasen a que el texto se viera a la comisión, cuya presidenta, la popular Laura Garrido, aseguró ayer que esta podrá analizar la remisión del informe a la fiscalía.

El informe ha estado cerca de dos meses en el Parlamento y no ha sido remitido aún al Ministerio Público. El Tribunal de Cuentas realizó su análisis a petición del pleno de la Cámara, por lo que es un documento público que, dado el caso, hubiese podido ser remitido al fiscal por cualquier ciudadano.

En su misiva, Pastor explica a la Fiscalía de Vizcaya los principales puntos de la auditoría. El documento es el más esclarecedor y contundente elaborado con respecto a las numerosas supuestas irregularidades en las distintas fases de la contratación y la prestación de esos servicios entre 1996 y 2009.

En total, las seis empresas investigadas lograron 33,5 millones de euros en contratos con Sanidad. El informe detalla que desde 2005 se aumentaron las tarifas sin que fuesen justificadas y cita distintas prórrogas de adjudicaciones que no cumplen la ley.

Igualmente, recoge que los procedimientos usados para adjudicar los contratos dificultaban la libre concurrencia y declara incompatibles para contratar con Sanidad a los tres facultativos investigados: Margüello, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga. El informe constata "un abrumador cúmulo de irregularidades del Departamento de Sanidad", aseguró Roncal en julio.

Sin embargo, hasta la fecha, el único apartado de estas supuestas irregularidades que ha sido remitido a la fiscalía es la actuación de Elorriaga. El ex director de Sanidad de Vizcaya autorizó a contratar en 2006 a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI el mismo día en que se solicitó este permiso y sin que exista constancia de que se hiciera ninguna inspección de dicha compañia. Esta autorización fue declarada nula de pleno derecho por la Comisión Jurídica Asesora.